¿A quiénes perseguir?

Por el derecho a la libertad de expresión.

En las cuestiones de la corrupción, el gobierno de López Obrador parece que ha establecido un margen y unos objetivos específicos, que no permiten que sean investigados y vinculados a proceso todos los exfuncionarios públicos delincuentes. La idea que se quedó fijamente establecida en la mente de los ciudadanos mexicanos era, que en todos los rincones del país la lucha contra la corrupción gubernamental iba a ser la prioridad. Todos inferimos que nuestras ciudades, al fin iban a ver juzgados a los expresidentes enriquecidos ilegal e inexplicablemente. Sin embargo, el proceso judicial contra todos los saqueadores de los recursos financieros gubernamentales no ha empezado aún.

Por ejemplo, en Tecate, mi ciudad, anda un trío de delincuentes enriquecidos que no están siendo investigados como debe de ser. Las redes de la corrupción son tan profundas y están tan bien estructuradas, que tienen conexiones de protección que los librarán de cualquier consecuencia legal que pudieran tener en contra. Existe la figura constitucional de extinción del delito que determina que, pasado cierto tiempo, si no se actúa legalmente se eliminan las consecuencias legales. En otras palabras, se pierde la posibilidad de juzgar y condenar por haber dejado pasar tiempo, sin ejercer la acción penal. Las complicidades institucionales para no dar seguimiento a los delincuentes de cuello blanco son, indudablemente, las autoridades judiciales de los tres órdenes de gobierno, los congresos de los estados con sus diputados corruptos, las sindicaturas y, por supuesto, los presidentes municipales.

En mi ciudad han sido denunciados tres expresidentes sin que haya habido ninguna consecuencia legal contra ellos. Javier Ignacio Urbalejo Cinco, que comienza como un profesionista libre con ingresos limitados, terminando su administración con una fortuna que, en aquellos años consistía en una flota de más de diez automóviles, algunos de último modelo; propiedades de las cuales se sospecha es dueño y que no pudo pagar con sus ingresos como alcalde. Posteriormente llegó César Moreno González de Castilla, que no le investiga a su antecesor ni profundiza en una denuncia ciudadana ante el Congreso del Estado. Este expresidente, que fue denunciado penalmente, de manera escandalosa declara, formalmente, obras públicas terminadas y pagadas sin que las hubieran realizado. Por último, Nereida Fuentes, quien tampoco promueve ninguna investigación, protegiendo a sus antecesores. Si a estos tres corruptos se les investiga como debe ser, comparando su declaración patrimonial inicial contra la final de su administración, se comprobaría, con facilidad, la incongruencia de sus fortunas y el delito de desvío de fondos públicos.

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Si haces lo que todos, entonces no piensas

Obviamente, la función de los funcionarios es la omisión de estas corruptelas para que transcurra el tiempo y los delitos prescriban. No pudieron haber hecho algo mejor que los libre de demandas penales. Ahora la 4T, al no perseguir a los delincuentes en nuestras ciudades, se integra de manera práctica, a la gigantesca corrupción que nos consume. Cuando el gobierno federal solo se ocupa de algunos exfuncionarios y deja al resto sin molestar, poco hace para combatirla. Por eso es el cuestionamiento de a quienes perseguir. Los mexicanos creemos, sin distinción, que todos los niveles de gobierno deben ser sujetos de investigaciones por corrupción. De otra manera, solo es una faramalla que nos hace daño y nos frustra más. Vale.

* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.