Zona Sísmica

La situación de los médicos que se niegan a ir a trabajar a instituciones oficiales en el Valle de Mexicali debe llamar fuertemente la atención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a cargo de Alonso Ulises Manuell-Méndez Gómez, porque no sólo es un tema de inseguridad, sino el riesgo en el que ponen a la comunidad por no tener suficiente personal médico. Anteriormente en los Centros de Salud de la zona rural de Mexicali, a donde regularmente se mandaba a los médicos egresados de la Facultad de Medicina para realizar su servicio social, la comunidad los abrazaba, protegía y los hacía sentirse como en casa. Por ese motivo los residentes del Valle de Mexicali sabían que las 24 horas del día el médico estaba de guardia en los Centros de Salud. Sólo que la inseguridad ha contaminado a la zona rural de Mexicali, donde hasta los policías están inseguros, como es el caso no resuelto del 1 de abril de 2012, hace seis años, cuando fue asaltada la estación de Policía en el ejido Nuevo León, donde los delincuentes sometieron a un policía de guardia, para robar armas y radios de comunicación. Los médicos, ante el riesgo de ser víctimas de la delincuencia en los Centros de Salud, prefieren rechazar los ofrecimientos para laborar ahí, sabiendo que en cualquier momento pueden pasar a formar parte de las estadísticas. Por cierto, un problema similar o quizá aún de mayor peligro, es el que tienen los médicos egresados que son enviados a otras regiones del país aún más peligrosas, como la sierra en Sonora o al tristemente célebre "triángulo dorado", un territorio controlado por el narco. A esos peligrosos e inhóspitos sitios, prácticamente al matadero, son enviados los egresados de la Facultad de Medicina de la UABC, quienes se encomiendan a todos los santos para tener la suerte de no ser agredidos. De momento, la delincuencia sin control, organizada o desorganizada, ha logrado poner el jaque al sector médico, tanto dentro como fuera del estado. La justicia Un grupo de mujeres se plantó ayer frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde firma como titular la magistrada con licencia indefinida Perla del Socorro Ibarra Leyva. Las manifestantes exigen a la dependencia estatal actuar en contra del líder taxista Rubén Quiñónez Delgado, acusado de lesionar con arma punzo-cortante el rostro de su pareja sentimental Diana Dávila Ledezma. Hasta ayer el Ministerio Público parece que apenas iba a mandar el citatorio al sospechoso, para que se presente voluntariamente a rendir su declaración sobre los hechos. En caso de no presentarse se continuará con la integración de la carpeta de investigación para judicializar el caso. Aunque entre algunos grupos de abogados, a manera de chascarrillo, dicen que a la mejor le puede hacer como los integrantes de la banda de asaltantes de cuentahabientes de bancos, quienes robaron 500 mil pesos. Para salir de la cárcel bien librados, como si no hubieran hecho nada, se les ofreció un acuerdo reparatorio en el que devolvieron el medio millón de pesos a la víctima, le dieron 20 mil pesos más y sanseacabó. A los tres delincuentes les abrieron la puerta de la cárcel de donde salieron limpios, riéndose de la justicia bajacaliforniana, aun cuando dijo el subprocurador Fernando Ramírez Amador que los tenían identificados desde tiempo atrás por perpetrar asaltos y robos. Así que el chascarrillo que dicen los abogados es que a la mejor el agresivo líder que lesionó a su pareja sentimental puede hacer un acuerdo reparatorio, darle un dinero, decirle que está arrepentido y llevarle unas flores... y con eso ya la hizo. Vacacionistas La meta este año de las autoridades de todos los niveles de Gobierno, así como de cuerpos de rescate privados, es que la Semana Santa termine con saldo blanco. Claro que una cosa es lo que hagan las corporaciones policiacas y se esmeren, pero en realidad los únicos que pueden contribuir a lograr un saldo blanco en las carreteras y puntos de descanso son los vacacionistas. Quienes salen a disfrutar de los días de asueto tienen la responsabilidad.