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Cargada Entre que son peras o manzanas, el inicio de año comenzó turbulento respecto a los movimientos sociales, y las circunstancias aparentan que el Gobierno encabezado por Francisco Arturo Vega de Lamadrid va tras los manifestantes que protagonizan diversos movimientos desde el año pasado. O es eso, o decidieron ya no tolerar los actos generados en estas manifestaciones, como los daños en el Congreso del Estado, el allanamiento al predio de Constellation Brands, los daños al parabrisas a una camioneta del gobierno estatal o sus conductas ante policías. Pues bien, este viernes por la mañana fue objeto de arresto administrativo el asesor legal y miembro del colectivo Baja California Resiste, Armando Salinas Bravo, pues figura como imputado en una carpeta de investigación y se le pidió que no se acercará a la obra que lleva a cabo la CESPM cerca del Rancho Mena, para llevar agua a la empresa cervecera. Este mismo viernes, Filiberto Sánchez Gurrola enfrentó dos audiencias de distintas causas penales, una por romper el parabrisas de una camioneta en la que iba el gobernador y la otra por el allanamiento a la cervecera, donde subió a una grúa en una “huelga de hambre” que duró poco más de dos días. La primera la libró al pagar el vidrio de la camioneta, sin embargo, la segunda queda pendiente, pues su abogado defensor era Salinas Bravo, quien por obvias razones no pudo acudir a la audiencia. También este viernes, otros cuatro manifestantes se apersonaron a una audiencia de formulación de imputación por los daños ocurridos en el Congreso del Estado el pasado 13 de septiembre, cuando rompieron puertas para ingresar al recinto. Lo curioso de esto es que había un quinto imputado en estos hechos y que no fue judicializado, con los apellidos Ladrón de Guevara, personaje característico de las recientes manifestaciones. Pues bien, en las filas de la PGJE, y dicen, muy cercano a la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva, hay un agente del Ministerio Público con los mismos apellidos. Piensa mal y acertarás. Por lo pronto, los cuatro enfrentan cargos de daños en propiedad ajena, que bien se pueden arreglar con un acuerdo reparatorio, pero también enfrentan el delito de motín, poco común en esta ciudad, y de ese sí, quién sabe como salgan. Por cierto, el abogado Juan Manuel Molina García señaló que tras realizar la defensa de unos de los jóvenes detenidos en la batalla campal en el rancho Mena, que fue la familia del imputado la que tuvo la comunicación directa con ellos y no el senador quien acudió a la audiencia por algunos momentos. Sigue el pleito Sería hasta el lunes que el Tribunal de Arbitraje del Estado defina si la toma de nota de Lázaro Mosqueda en el Sindicato de Burócratas es válida, o en su caso nombrar un interino y realizar una nueva elección. Lo que si dicen es que Genaro Díaz Reynoso ya no debe estar en la secretaría, a pesar de que el mencionado todavía se ostenta como dirigente sindical, aunque las oficinas municipales de la burocracia se encuentran cerradas al público y las custodian al menos 4 guardias de seguridad privada. Ante esto el dirigente Estatal de los Burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez convocó a sesión extraordinaria permanente frente a las oficinas del tribunal de arbitraje esperando se acate el resolutivo federal. El pleno del Tribunal de Arbitraje del Estado estaría regresando el lunes para dar la resolución final.

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