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Licitación a la medida Dicen que el próximo 31 de enero podría definirse una sinuosa licitación, para otorgar una concesión para brindar alimentación a 11 mil 499 internos y mil 290 custodios ubicados en los centros de reinserción y tratamiento para adolescentes. De acuerdo con empresarios dedicados a brindar el citado servicio, en la misma estarían cargados los dados a favor de La Cosmopolitana S.A de C.V. Antes de ser contratada por el Gobierno de Baja California, en octubre de 2016, La Cosmopolitana arrastraba un historial que incluía desde intoxicación de internos hasta investigaciones penales por enriquecimiento ilícito a funcionarios. La compañía dedicada a la comercialización de comida también se ha visto señalada en amparos en tribunales a raíz de quejas de internos de Centros de Reinserción Social. En 2014, La Cosmpolitana pagó un millón de pesos por haber intoxicado con ceviche de soya a 450 internos del penal de Puente Grande, Jalisco. Pero sus negocios con gobiernos en el País no se limitan a alimentar a los presos, precisamente se le investigó como parte de una red de corrupción y tráfico de influencias para obtener contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su llegada a Baja California se dio en octubre de 2016, cuando la empresa radicada en la Ciudad de México obtuvo un contrato con vigencia de tres meses para preparar los alimentos en el Cereso de Mexicali y el Centro de Tratamiento para Adolescentes de la misma ciudad a cambio de un monto de 20 millones de pesos. No causó una buena impresión. De acuerdo con un oficio enviado por Daniel de la Rosa, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la cual depende la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario, la empresa manejó alimentos en mal estado o caducos y tampoco cumplió con el menú señalado. Sin embargo, esto no impidió que desde Oficialía Mayor se renovara el contrato y no solo eso, sino que el contrato se extendió para los Ceresos y los centros de tratamiento de adolescentes de todo el Estado. Dicen que a dicha empresa la ha sostenido una "recomendación" de un funcionario muy cercano al titular del Ejecutivo. Sin consenso La falta de acuerdo entre los partidos volvió de nueva cuenta a impedir que los diputados votaran por los dos ciudadanos que faltan para integrar el comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay que recordar que hace dos semanas, para ser exactos el 11 de enero se eligieron a tres de los cinco representantes ciudadanos pero también se suspendió al no haber acuerdo para elegir a los dos restantes. Los diputados estaban confiados en que a la siguiente semana se podía reanudar la sesión y realizar la selección, pero ni luces hubo para realizarla. Se esperaba que con la sesión ordinaria de ayer se diera la elección pero de nueva cuenta no hubo acuerdo, por lo que sigue sin integrarse el comité completo. Habrá que esperar si la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Rocío López Gorosave, logra poner de acuerdo a los coordinadores de los partidos políticos para que saquen adelante la integración del comité ya que lleva tiempo empantanado y con un retraso en su implementación. Por lo pronto quienes ya forman parte del comité son Daniel Valdez Delgadillo, propuesto por la UABC; Yolanda Sosa y Silva, propuesta por el Centro Nacional de Investigadores Académicos, así como María Luisa Walther Cuevas propuesta por ObserBC.

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