Zona Sísmica

Una interesante audiencia pública fue la que presidió el juez de Control Gerardo Aceves Salazar en la sala cinco del Centro de Justicia Baja California, donde tuvo como actores a los dirigentes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) y al abogado Víctor Manuel Solís Félix, quien los denunció por una serie de delitos.

Resulta importante destacar que todo llegó hasta el Juez de Control porque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) intentó dar carpetazo a la denuncia contra los dirigentes de ese sindicato, con el argumento de que no había delito que perseguir, para mandarlo a archivo definitivo, siendo que el representante de la víctima debe agotar las pruebas para llevar al banquillo de los acusados a los responsables.

Pero como el Ministerio Público decidió archivar el caso, Solís Félix interpuso el recurso de revisión ante un Juez de Control, cuya audiencia se desahogó el jueves.

De esta manera, Aceves Salazar tuvo frente a él a Solís Félix como víctima y a Agustín Morales Osuna, dirigente del SETE y otros de sus allegados acusados de delitos de administración fraudulenta, fraude y abuso de confianza.

Tras escuchar las versiones de ambas partes, el juez Aceves Salazar ordenó al Ministerio Público abrir el procedimiento penal en contra de Morales Osuna, Gerardo Arturo Mora Zermeño, Juan Égar Montes Lepe y Víctor Fernando García Dávalos.

En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que los aludidos se quedaron con los ojos cuadrados cuando Aceves Salazar tomó esa determinación.

Así que ahora toca a la procuradora Ibarra Leyva y al subprocurador Fernando Ramírez Amador checar que la carpeta de investigación se arme como debe ser.

Así que este inicio de 2018 parece que la dirigencia del SETE lo inició con el pie izquierdo.

Abogados

Quienes próximamente se reunirán son los integrantes del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, para analizar la convocatoria que harán para designar a quien será sucesor de Juan José Castro Crespo, quien falleció a finales de diciembre y era presidente de esa agrupación.

Los integrantes de ese Colegio deberán establecer las bases para poder definir quién se hará cargo de la presidencia.

Por cierto, los abogados quedaron extrañados porque días después del homicidio de Castro Crespo, el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado declaró que no se puede profundizar en la investigación porque los colegas de la víctima no aportan datos de los casos que llevaba.

No han respondido por el momento los colegas del abogado fallecido, pero quizá tomen una postura al respecto en la siguiente reunión que sostendrán.

Juicio

Parece que el exceso de trabajo en los Juzgados Familiares, aparte de que provoca lentitud en los procedimientos, a veces causa que las partes anden batallando durante meses y a veces años.

En los indiscretos pasillos del Poder Judicial del Estado se escucha que eso es lo que ocurre con el expediente 1431/2016 radicado en el Juzgado Segundo de lo Familiar, a cargo de la aspirante a magistrada Karla Patricia Amaya Coronado.

Señalan que una de las partes ya anda viendo presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado por las decisiones burócratas que se han tomado en este caso.