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Columnas REFLEXIÓN UNIVERSITARIA

Reflexión Universitaria

Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Fiscal anticorrupción Ya se ha vuelto una costumbre social que cuando el gobierno no quiere resolver un problema de cualquiera índole acude a las famosas “comisiones” integradas, en la mayoría de los casos, por personajes que nunca actuarán con imparcialidad e independencia, ni ética ni moral, al contrario, da la impresión de que se designan a las personas más corruptas, que suelen representar los intereses de poderes “fácticos” o de los gobiernos constituidos sean de cualquier nivel. En Baja California se está librando una lucha sin cuartel entre los grupos de poder para que su candidato obtenga el anhelado nombramiento de Fiscal Anticorrupción, quien habrá de actuar defendiendo los intereses (de su grupo) ya sea del gobierno o de los empresarios. Lo que se pretende es que este nombramiento lo ratifique el Congreso del Estado y no sea sólo por el “dedo” del gobernador en turno. Y así esa institución sea un ente administrativo autónomo, entiéndanse como autonomía presupuestaria y técnica en el desempeño de sus funciones. En esta disputa para elegir al fiscal no está participando la sociedad, ya que no ha presentado candidato alguno, por ello se dice que con este proceso tratan de dar la impresión de “cambiar para no cambiar” y por ende será muy costoso para la sociedad bajacaliforniana. La disputa por pertenecer al Sistema Estatal Anticorrupción ha generado una lucha intensa, no por cumplir con su cometido sino porque quieren ser agraciados con los jugosos sueldos y por tener a su cargo investigar y señalar a los corruptos del gobierno y decidir, en su momento, a quién perdonará de los empresarios que han hecho “negocios” en contubernio con los políticos. Este tipo de instituciones serían innecesarias siempre y cuando las ya existentes cumplieran las leyes a cabalidad, pero en una sociedad como la nuestra en donde la justicia se ha politizado, el resultado es la “impunidad”, por ello se dan tantos casos en donde los funcionarios públicos roban del erario y no son tocados por sus abusos. Por eso es previsible que si este órgano nace mal, mal acabará. Lo lamentable es que los presupuestos que se destinarán para su funcionamiento serán onerosos y no dará los resultados que la ciudadanía espera. Si queremos avanzar en el combate de la corrupción, el fiscal anticorrupción no debe ser un “político” o un ciudadano que se puedan contaminar, necesitamos alguien de alta probidad, con convicción y decisión para cambiar el sistema, el problema es que hoy los políticos quieren vivir como reyes y los presupuestos se los permiten. No sabemos si las personas que se han registrado para disputar esta posición tengan la suficiente formación académica, lo que sí se ve a leguas es que traen línea política; por una parte, Jorge Sauceda, quien personaliza los intereses de los gobernantes panistas, y por otra parte, Luis Irineo, quien representa los intereses de las cúpulas empresariales (Coparmex), fue miembro distinguido de los partidos de izquierda, posteriormente funcionario electoral para después trabajar en el gobierno panista; no puede ser digno de confianza quien ha saltado como chapulín ideológico de un partido a otro. En resumen, ninguno de los dos aspirantes garantiza lo que se requiere que es la transparencia, imparcialidad e independencia ya que su calidad moral queda en entredicho. El autor es economista egresado de la UABC.

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