Póstigo

"Nuestra solidaridad con Juan Manuel Hernández Niebla" Aunque la creación y puesta en marcha de las llamadas “fiscalías especiales” fueron instauradas en otros países, el régimen priista las patrocinó como disyuntiva para, frente a una maquinación de relevantes implicaciones, matar dos pájaros de un tiro: fingir hallarse al margen del conflicto denunciado o difundido y, a la vez, ofrecer confianza y participación al (o los) agraviados respecto a la limpieza y autonomía sobre las averiguaciones realizadas las cuales, como era de esperarse, cerraban el proceso de “búsqueda interrogación, clasificación y desenlace” con un irrevocable dictamen a favor de la inocencia del funcionario inculpado de corrupto, asesino, traficante de influencias, violador de los derechos humanos, etcétera. Para no volver a retocar los rastros de las infamias dejadas de parte de las bufonas fiscalías especiales, basta ejemplificar con el desenlace de las atrocidades cometidas durante la guerra sucia contra jóvenes guerrilleros; lo referido al homicidio político de Luis Donaldo Colosio; los torcidos laberintos en referencia a la masacre de estudiantes en Tlatelolco hace 50 años o, para mayor y fresca desvergüenza, el alegato montado por Peña Nieto y su camarilla que, en oscura gracia, fraguaron un inmoral espectáculo para justificar la adquisición de la Casa Blanca. Una vez pillados con los dedos en la puerta, la indecencia mudó de formas colocando, al frente de las fiscalías espurias, a la mayúsculamente promovida Ley Anticorrupción aparentemente provista con suficientes dientes para triturar, castigar e infundir pánico a corruptos y corruptores derivando, de aquella divisa, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California que separadas sus recetas jurídico-reglamentarias quedó configurado por 22 ejemplares (mitad del gobierno y el resto por ciudadanos), mismos que constituyen el Comité. Un órgano, por cierto, huérfano de secretario técnico que ha sido imposible bautizar a causa de los pantanosos intereses en juego. Expuesto de otra forma, el SEA fue pactado anticipando mezquinos intereses encarnados por funcionarios públicos, empresarios, diputados y partidos al unísono estimulados por sombrías intenciones menos las de combatir a los corruptos pues su falta de autonomía, autodeterminación e independencia para revisar, censurar y ejecutar es tan confiable como la virginidad de las sexoservidoras de la zona Norte (dicho con todo respeto al libre uso de sus cuerpos). El cinismo, la excesiva deshonestidad de los supuestos guardianes de encarar y perseguir la corrupción pública y privada en Baja California de plano no tiene un ápice de moderación, ningún porcentaje de mesura cuando es del dominio público el cargo, nombre y apellido, no el de las marionetas denominadas “consejeros ciudadanos”, sino el de sus politiqueros padrinos o patrocinadores que curándose en salud repartieron a sus apetitos mediáticos un organismo anticorrupción hecho de petate. La narrativa anticipada refrenda el desgaste de la clase política, de ciertos empresarios y de los legisladores que no pierden oportunidad de soslayar pasadas, presentes y futuras corruptelas. Algo antagónico al Consejo Ciudadano de Seguridad Publica cuyo presidente estatal, Juan Manuel Hernández Niebla, es calumniado de manera por demás cobarde a causa de sus argumentos, críticas, propuestas y activismo…