Percepción política

Gustavo Díaz Ochoa Desde el primer día en que Gustavo Sánchez Vásquez ocupó la oficina de la presidencia municipal en Mexicali, varios argumentamos el principal reclamo por parte de la ciudadanía sería actuar ante las diversas irregularidades presentadas en la administración de su antecesor. Efectivamente, Jaime Rafael Díaz Ochoa ha sido temática central en el gobierno de Sánchez Vásquez. Desgraciadamente, no a raíz de una sólida investigación en su contra, sino, por el contrario, a una permisividad en los escándalos suscitados en el trienio anterior. No hay que ser un genio para saber la ciudadanía protesta principalmente por la corrupción. La jornada electoral que vivimos el pasado 1º de julio de 2018 fue la graduación de un hartazgo social en contra de la opulencia y los excesos de la clase gobernante. Los mexicanos queremos que aquellos políticos que cometieron irregularidades durante su gestión sean investigados y, en caso de resultar culpables, que se les aplique todo el peso de la ley. ¿Será eso mucho pedir para una república bananera como la nuestra? En otras naciones, donde realmente prevalece el Estado de derecho, esto se da por descontado. Los mexicalenses no queremos sino lo mismo que ha comenzado a darse en otras entidades federativas de nuestro país; en donde gobernantes, que todo el pueblo sabía estaban inmiscuidos en temas de corrupción, por fin han comenzado a sufrir las consecuencias de operar como delincuentes políticos. Bajo este tenor, naturalmente la principal debilidad del gobierno de Gustavo Sánchez proviene de la pobre investigación que registra la Sindicatura Municipal en contra de Jaime Díaz; investigación a cargo de la síndico procurador Blanca Irene Villaseñor Pimienta, quien luce notablemente nerviosa y/o incómoda cada una de las veces en las que se ve obligada a hablar del tema. A mi entender, Sanchez Vásquez no ha sido un mal alcalde. Ha mostrado una verdadera comprensión a la forma en que debe operarse la administración pública municipal, ha comenzado un plan para sanear las finanzas del gobierno local, ha mostrado tolerancia ante grupos de protesta, ha conseguido la cooperación del sector empresarial y la sociedad civil organizada, no se ha visto involucrado en absolutamente ningún escándalo. Sin embargo, el tema es la corrupción. Y Gustavo Sánchez únicamente tiene una manera de mostrar que está comprometido con el combate a la corrupción: llevar el tema en contra de su antecesor hasta las últimas consecuencias. El alcalde ha dicho que la investigación sigue su curso, que se está siguiendo el proceso adecuado, que en sindicatura buscan hacer las cosas de forma correcta. Pero ese no es el sentir de la opinión pública mexicalense. El sentir es que Gustavo Sánchez no pretende hacer absolutamente nada en contra de Jaime Díaz. El próximo año hay elecciones en Baja California. El actual presidente municipal puede preocuparse por su reelección, por la victoria del candidato de su partido o, simplemente, por trascender en el imaginario de los mexicalenses. Para todas las opciones, la respuesta sigue siendo la misma. El autor es abogado y conductor de televisión.