La Verdad Sea Dicha

La disputa por los chocolates Las campañas políticas representan la oportunidad de que la población conozca, si no todo, cuando menos parte de la personalidad, perfil, profesionalismo, conocimiento, alcances que tienen los candidatos en cuanto a sus aspiraciones para gobernar o representar a la población. Es el momento preciso para que los electores puedan conocer las virtudes (si es que las hay) o defectos de quienes aspiran a representarlos. Pero sobre todo creo que las campañas políticas, desde el punto de vista informativo, deben servirnos para conocer las propuestas realizables, las disparatadas, las ocasionales, las irrealizables o las ocurrencias producto de la calentura electorera que les permite atraer votos. En esta maraña de decenas de compromisos o propuestas de campaña aparecen los autos chuecos o chocolates, ilegales o que no cuentan con documentación. Así, desde hace algunas semanas hemos escuchado que los candidatos de todos sabores y colores han manoseado la propuesta de regularizar los más de 25 mil autos con engomados que hay en la entidad, según el padrón del gobierno estatal, cantidad que se va hasta los más de 180 mil que dicen organizaciones como ANAPROMEX y OMAPAFA circulan por las calles de la entidad. Los llamados autos chocolates que hay en Baja California se están convirtiendo en un botín político, al servicio de quien les está ofreciendo la regularización ansiada que en estos momentos sólo logran blindar con un engomado y una placa que aunque quiera verse legal, huele a ilegalidad desde un kilómetro de distancia. Recientemente platiqué con Fidel Villanueva, dirigente de ANAPROMEX y comentó que está convencido de que tarde que temprano el gobierno federal propondrá una ley que permita regularizar estos autos del 2013 y más antiguos. Comentó que cobran casi mil pesos a sus afiliados, en una sola ocasión para su defensa jurídica en caso de que los llegue a detener algún agente policiaco. Sugiere cantidades que van de los 6 a 18 mil pesos para llevar cabo estos trámites, dependiendo del modelo. Sin embargo, en contrapartida, también tuve la oportunidad de entrevistar al dirigente nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, quien se opuso a esta idea de legalizarlos, más bien sugirió su decomiso inmediato, porque representan una competencia desleal para la población que paga sus impuestos y por supuesto, para quienes venden los autos regularizados. Entre estas dos vertientes bastante pronunciadas a favor y en contra, también está la de algunos ciudadanos que se sienten agraviados por estas propuestas, de un borrón y cuenta nueva. Incluso se ven las disputas en las calles, de personas que se sienten indignadas ante la falta de pago de impuestos de los propietarios de los automóviles que no cuentan con placas y documentación legal en Mexicali. Y pululan por todos lados, incluyendo unidades nuevas que sí podrían ser regularizadas y aprovechan estos vacíos legales y de impunidad para colarse. Algunas autoridades municipales, como el caso del alcalde, Gustavo Sánchez Vásquez hablan acerca de la gran cantidad de delitos que se están cometiendo utilizando este tipo de autos con engomados apócrifos. El problema es latente y crece cada vez más, ante la nefasta decisión t de cerrar las importaciones para vehículos del 2013 y más viejos, dejando en la indefensión a miles de habitantes fronterizos incapaces de tener unidades nuevas. El dilema es que este programa para renovar los parques vehiculares y favorecer a las agencias de autos nuevos, no fue acompañada de una política de cero tolerancia aduanal para impedir que por sus puertas ingresaran autos con placas norteamericanas o ilegales. Esto generó un conflicto mayúsculo, porque ahora hay alrededor de 180 mil unidades con engomados apócrifos que son utilizadas en estos tiempos electorales como un botín político que está a punto de estallar. La verdad sea dicha. * La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.