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En espera "Por el derecho a la libertad de expresión" Todo el país está esperando con ansiedad los resultados de las elecciones de este año, debido a la ancestral crisis que padecemos. Ahora no solo integramos la escasez de recursos financieros, la inseguridad y la ingobernabilidad, sino que le agregamos la enorme corrupción que nos consume. Ningún funcionario público nos merece confianza y seguridad. Por el contrario, cada que realizamos un trámite burocrático esperamos que aparezca un intento de extorsión, cohecho o solicitud monetaria. Pero este sería el menor rango de la corrupción administrativa en los tres niveles de gobierno, lo grave está en los funcionarios de primer nivel. Veamos cómo se comportan. El Presidente de la República encabeza la lista de corruptos, no solo respecto a la posición más importante en el país, sino es, además, un presunto delincuente que debe ser investigado penalmente hasta que se le deslinden responsabilidades. Existen una serie de asuntos en lo cuales está inmiscuido. Por ejemplo, en la otorgación de contratos de obras públicas multimillonarias, para determinar a quiénes se le otorgaron y en qué condiciones. La sospecha de corrupción en este aspecto salta a la vista cuando se le descubre la Casa Blanca, que obtiene como un regalo de uno de los beneficiados con contratos de obras federales. Su negligencia en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas no solo es desesperante, sino que es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. La forma como los gobernadores se apoderaron de los recursos financieros de sus estados no solo fue escandalosa, sino que, sorprendió por el apoyo que recibieron de Peña Nieto. El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, debería estar siendo investigado judicialmente por la posesión de bienes raíces que resultan sospechosos dada la cantidad y el modo de obtenerlos. Se le acusa en los medios, también, del desvío de recursos financieros y de promover un proyecto de construcción de una “desalinizadora que nos costará a los bajacalifornianos 76,740 millones de pesos, durante los próximos 37 años” (Zeta #2285). En este asunto también deberían deslindarse responsabilidades respecto al otorgamiento sospechoso de la obra. La presidenta municipal de Tecate, Nereida Fuentes que, siendo regidora, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y ahora alcaldesa, es señalada como la principal protectora de Javier Ignacio Urbalejo Cinco y de César Moreno, ambos ex presidentes municipales con denuncias penales y de juicio político por utilizar los recursos financieros de la ciudad para enriquecerse. César Moreno, además, presentó su cuenta pública al Congreso del Estado con datos falsos sobre obra pública que no hizo y que sí pagó. La existencia de fotografías y otras pruebas no han sido suficientes para que esta alcaldesa corrupta los denuncie como es su obligación. Este es el negro panorama del país mostrado de una manera rápida y poco sustanciosa. Los principales funcionarios de elección popular del país, estado y municipio son los líderes de la corrupción y a partir de ellos debería comenzar el deslinde de responsabilidades. Este es también el recuento de cómo han estado respondiendo a sus responsabilidades esos funcionarios que emergieron del PRI y del PAN. Estos dos partidos no tienen cómo responderle al electorado y aun así contenderán en las próximas elecciones. Basta de corruptos. Vale. * El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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