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Sin importar los medios "Por el derecho a la libertad de expresión" Resulta altamente preocupante el hecho de que al Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no le intimide violar una o varias leyes, con tal de reprimir a un grupo de manifestantes. No solo por el hecho de reconocer que lo que intenta es mantener el orden social, sino porque en ese afán no modifica la práctica actual de cualquier funcionario: No respetar el marco jurídico con tal de lograr sus objetivos. En ese sentido la sociedad bajacaliforniana no tendría ningún problema si ese fuera el caso en todas las situaciones que se les presentaran. Sin embargo, la Ley sí importa cuando quienes son afectados en sus intereses económicos por ella, exigen modificar las circunstancias que los afectan. Existen en cada una de las colonias de las ciudades del Estado, un sinnúmero de delitos cometidos diariamente que ni son investigados ni esclarecidos. En todos los casos los afectados somos personas de escasos recursos, sin capacidad de defendernos, ni con amistades políticas poderosas para que seamos tomados en cuenta por las autoridades encargadas de la seguridad pública en cualquiera de sus órdenes. Sin importar la situación, enfrentamos cualquier nivel de peligro, así como cualquier delito que nos toque sufrir. En nuestro caso nos toca ser castigados por cada una de las leyes y reglamentos existentes, que son enarbolados en nuestra contra por la más sencilla falta administrativa. Para esos somos los sencillos terrenales. Sin embargo, otras son las actitudes cuando del poder económico se trata. En el caso de Constellation Brands cuyo asentamiento en el Valle de Mexicali no ha sido completamente legal, el apoyo total del Gobierno del Estado con cada una de sus secretarías ha sido total. En el caso de la SSPE no reacciona de la misma manera cuando sus integrantes agreden físicamente a la ciudadanía. Baja California es un estado en el que el marco jurídico funciona de acuerdo con los beneficios para la clase política, para el poder económico y para el crimen organizado. Tenemos un Gobernador con serios problemas de enriquecimiento ilícito e inexplicable, que no ha aclarado con claridad a la ciudadanía. Sus conexiones con empresas que se han beneficiado ampliamente con contratos millonarios otorgados por el Gobierno del Estado son tan evidentes, que deberían ser cuestionadas e investigadas por las autoridades judiciales y por los órganos de fiscalización locales y nacionales, pero no se hace. Aquí también debería aplicarse todo el peso de la Ley. Hay en Tecate dos ex presidentes municipales denunciados por los mismos cargos de enriquecerse a costa del erario, y siguen tan campantes por la ciudad. El caso de César Moreno es tan es tan estúpidamente claro que las calles sin pavimentar no han logrado ser suficiente prueba como para que se le aprehenda y juzgue como debe ser. En los asuntos de delitos contra los ciudadanos ni la SSPE ni la PGJE moverán un dedo. Ellos son simplemente empleados de los poderosos. Pero utilizarán todo el peso de la ley en contra de quienes, cansados ya de las injusticias, se atrevan a elevar la voz o levantar banderas justicieras. Vale. * El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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