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De historia y algo más

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Es comúnmente entendido que los Estados tienen la obligación de asegurar el bienestar de sus ciudadanos. Para tal efecto, los Estados deben desarrollar una serie de acciones o prestaciones a favor de su población. Uno de dichos aspectos consiste en el desarrollo de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, pues se entiende que existe justamente una serie de activos y servicios, que intrínsecamente deben ser producidos o proveídos por el Estado. Por ello se entiende que el Estado tiene una obligación en ese sentido. Hasta hace unos 30 años aproximadamente, esta obligación estatal de desarrollar infraestructura pública y proveer servicios públicos era asumida en la mayoría de los países directamente por los Estados. Este contexto de estatismo imperante, unido a la obligación de desarrollar y proveer infraestructura y servicios públicos; generó que los Estados asumieran directamente las actividades necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. Ello explica en muchos países la expansión del Estado y la existencia de entidades estatales y empresas públicas dedicadas a tales fines. En muchos casos se estableció además, que la intervención directa del Estado era exclusiva y excluyente del Sector Privado (monopolios legales). Esta actuación estatal era financiada con recursos estatales provenientes del presupuesto público o, con endeudamiento local o internacional, que era asumido por el Estado. Solo marginalmente el financiamiento de dicha actuación estatal provenía del cobro de cargos, tarifas o precios cobrados a los usuarios. Sin embargo, con el tiempo se empezó a producir una brecha entre las necesidades de la población tales como infraestructura y servicios y la provisión de los activos y servicios brindados por el Estado. Esto generó una crisis entre demanda y oferta, porque la población necesitada de mayor y mejor infraestructura y servicios públicos, no encontraba respuesta en el Estado, quien tenía serios problemas para expandir, mejorar o inclusive mantener la infraestructura y servicios existentes. Esto, primordialmente por problemas de organización, gestión y de financiamiento. En muchos lugares la actuación del Estado no podía expandirse más, debido a límites de ingresos presupuestales y financieros principalmente de endeudamiento. En este contexto surgen las Asociaciones Público Privadas (APP) o, “Public Private Partnerships” (PPP, por sus siglas en inglés). Las primeras experiencias provienen de Inglaterra, cuando se abrió la posibilidad de que la inversión privada pudiera acceder al financiamiento de infraestructura y servicios públicos que el Estado tenía a su cargo. Originalmente se utilizó la de PFI (“Private Finance Iniciative”). Este modelo fue exitoso, porque permitió al Estado aumentar la inversión en activos destinados a la infraestructura y servicios públicos, sin tener que asumir directa e inmediatamente su financiamiento, no tuvo un impacto directo en su nivel de ingresos, no afectó los impuestos existentes y no generó mayor endeudamiento. El uso y éxito de APPs se ha extendido a una gama muy variada de sectores, incluyendo salud, transporte, agua y saneamiento, seguridad, justicia y educación, entre otros. La crisis del Estado producida en diferentes países parece haber influido en la expansión de las APPs a nivel global. Hoy en día, las APPs se aplican en países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Australia, Francia, Italia, Irlanda, España y los demás países de la Unión Europea. En países en vías de desarrollo tenemos ejemplos en Singapur, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile y México. * El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.

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