Análisis sin fronteras

Seguridad ciudadana y cosas peores Bogotá, Colombia.- Décadas de experimentos, fracasos, incapacidad institucional, actos de valor y valentía, y mucha frustración. El hecho es que aunque en varios rubros Latinoamérica ha tenido avances importantes, el talón de Aquiles de la mayoría de los países en el hemisferio son los temas de seguridad y justicia. Por eso la importancia de foros como el que patrocinó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, donde analistas, ministros y funcionarios de justicia de Latinoamérica y del Caribe analizamos las experiencias y lecciones aprendidas en la gestión de la seguridad en las últimas dos décadas. Parte de la conversación giró alrededor de un concepto fundamental pero confuso: 'seguridad ciudadana'. En los documentos que publica el BID señala: “Seguridad ciudadana es un bien público que comprende el respeto y cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la garantía del goce de una convivencia cotidiana segura y pacífica, respetando las normas, promoviendo la cultura de la legalidad y fortaleciendo la confianza entre los ciudadanos. La seguridad ciudadana va más allá de la prevención de la violencia y contra los delitos, abarca conceptos, realidades y acciones más amplias, relacionados con el cumplimiento de normas de convivencia, la resolución de conflictos, la eficiencia del sistema de justicia y del sistema penitenciario, entre otros”. Al tratar de dar claridad, esta definición también nos da entender que puede haber diferentes formas de concebir el concepto de 'seguridad ciudadana'. Yo tengo una visión más política y tal vez más pragmática. La necesidad de agregar 'seguridad ciudadana' a otros conceptos como seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior, seguridad humana, seguridad democrática, tiene que ver con la necesidad de definir qué papel deberían jugar los ciudadanos en una estrategia de seguridad. Y siendo la seguridad y justicia de los principales temas que más preocupa a muchos de los ciudadanos del continente, tratar de definir el papel de los ciudadanos más allá de ejercer el voto apoyando o rechazando un gobierno por sus estrategias públicas. Hay una regla fundamental en la política: mientras más participan los ciudadanos en desarrollar, implementar y darle seguimiento a una estrategia, más credibilidad tendrá la estrategia y por ende más apoyo tendrá el gobernante. Pero en el caso de la seguridad y justicia, aunque sí podemos identificar cuáles son los derechos de los ciudadanos, es difícil establecer con claridad cuáles son sus obligaciones. Y esto es un problema para los gobernantes, ya que si hay un área donde no tienen credibilidad y legitimidad, es en seguridad y justicia. Y aunque la falta de confianza en los gobiernos se debe en parte a la incapacidad de controlar los fenómenos de violencia, la realidad es que la impunidad y corrupción están llevando a que los ciudadanos no crean en sus gobiernos y sus instituciones. Y tal vez la gran lección de las últimas dos décadas es que la mejor apuesta es construir instituciones independientes y con capacidad y que puedan trascender los cambios y las necesidades políticas. Pero esta propuesta también tiene una dificultad fundamental y es que la construcción de instituciones no sucede de un día para otro. De hecho en el caso de Colombia y otros países latinoamericanos, el impacto de reformas implementadas hace dos décadas empiezan a sentir su efecto. Pero los intereses políticos siempre son inmediatos y a corto plazo. Por eso, una de las otras lecciones aprendidas es que hay que despolitizar los debates sobre temas de seguridad y justicia. Pero eso no implica que no se deba de debatir o esconder la realidad de la violencia que se está viviendo en diferentes regiones. Por eso, cuando se habla de 'seguridad ciudadana' está directamente relacionada con el tema de transparencia y los pesos y contrapesos que debe de jugar la sociedad civil, a fin de asegurar el uso adecuado de los recursos y que el Estado no abuse del uso de la fuerza. También hay que apuntar que transparentar el actuar del gobierno, aun cuando se puede observar corrupción, incapacidad y mal manejo de recursos, no ha sido garantía de que habría un costo político. De hecho, lo que ha sucedido es que al transparentar debilita la credibilidad del gobierno sin traducirse a un cambio. Es importante hablar sobre 'seguridad ciudadana” y definir el papel de la sociedad civil. De lo contrario, los ciudadanos verán que la única forma de asegurar la integridad física de sus seres queridos y de su comunidad es tomando las armas. Y esta tendencia es una de las grandes tragedias del ímpetu de las democracias regionales. La autora es analista política.