Coparmex rechaza prohibición de venta de alimentos procesados y bebidas azucaradas a los niños; afectará a comercios, dice

CIUDAD DE MÉXICO.-La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha solicitado que no se vote todavía por el Congreso de Oaxaca la prohibición de venta de alimentos precesados y bebidas azucaradas a los niños.

El Grupo Parlamentario del partido Morena en el Congreso de Oaxaca, presentó una iniciativa por el que se adiciona el artículo 20 bis. de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el fin de prohibir y sancionar la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad.

El pasado miércoles 29 de julio se votó en primera lectura el dictamen y se estima que este miércoles 5 de agosto, se sufrague en el Pleno del Congreso de la Cámara de Diputados oaxaqueña.

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Es por ello que la Coparmex "solicitamos a los legisladores de Oaxaca que se posponga la discusión del dictamen hasta que se realicen mesas de trabajo que permitan escuchar a los sectores involucrados, principalmente a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas".

La confederación dijo que "la aprobación del dictamen generará barreras a la competencia y libre concurrencia, al establecer medidas restrictivas sólo a los alimentos envasados, no así a alimentos preparados, a la venta en granel y a todo el sector informal".

Agregó:

"La actual situación que atraviesa el país, nos exige la colaboración de todos los sectores, para buscar soluciones conjuntas que promuevan el correcto funcionamiento de todos los motores de la economía, y así poder hacer frente a los distintos retos sanitarios y sociales a los que nos enfrentamos".

Indicó que "en el Sector Empresarial nos preocupa que desde los poderes legislativos federal y locales, se procesen temas de impacto directo para distintos sectores económicos, mismos que son contrarios al objetivo de mantener los empleos y generar acciones en favor de la recuperación económica".

En particular, señalan, "nos preocupa el hecho de que sin una argumentación sólida y desatendiendo las solicitudes de audiencia del sector privado, los legisladores oaxaqueños pretendan prohibir la venta de una serie de alimentos y bebidas a menores de edad".

Añadió que la medida podría impactar directamente a alrededor de 58 mil comercios, en particular a misceláneas, abarrotes, loncherías, fondas, taquerías, entre otros. Lo anterior, derivado a que alrededor del 60% de los ingresos dichos negocios dependen de la venta de alimentos y bebidas, condición que generaría una significativa pérdida de empleos.

Magaly López Domínguez es contundente. El dictamen que se votará en la Cámara de Diputados de Oaxaca para que la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca prohiba la venta directa de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico, asegura, no va en detrimento de la economía de los pequeños comerciantes.

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Así lo ha repetido una y otra vez desde hace algunos días esta diputada oaxaqueña de Morena, luego de que su nombre comenzó a sonar fuerte a nivel nacional por presentar el dictamen que se votará y que, afirma, únicamente busca velar por la salud de la infancia de Oaxaca.

“No se va a prohibir la venta. Los comerciantes podrán seguir vendiendo sus productos, pero ya no de forma directa a los menores de edad. Será algo muy similar a lo que pasa actualmente con la venta de cigarros y alcohol”, dice en entrevista telefónica con El Universal.

La legisladora morenista es consciente que la medida ha despertado polémica en el sector empresarial, desde donde se acusa que lacera la ya golpeada economía, y ha sido señalada por  coincidir en tema y tiempos con la cruzada que ha comenzado Hugo López-Gatell, secretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, contra las refresqueras y sus productos, a los que llamó “veneno embotellado”.

Sin embargo, Magaly López asegura que era necesario que desde el trabajo legislativo se priorizara la salud de los infantes en Oaxaca, antes que los intereses económicos de los grandes distribuidores.

Para la diputada, la emergencia de la pandemia de Covid-19 que ha avanzado hasta colocar a México en el top tres de países con más decesos a causa del virus, sólo evidenció una situación que califica de insostenible, el pésimo estado de salud de la población.

En el caso de los niños, profundiza, la situación se refleja en una clara relación entre el consumo de productos con altos contenidos de sodio, azúcar y grasa, y el aumento de casos de obesidad, diabetes y hasta hipertensión infantil, por lo que considera que no legislar en contra de la venta de libre demanda de productos como refrescos y pastelillos se traduce en condenarlos a ser adultos enfermos.

Pese a ello, López Domínguez sabe que no se trata de un camino sencillo y que la modificación de la ley no terminara de facto con los hábitos de consumo, pero insiste en que se trata del primer paso.

“Sé que no es algo fácil, no será de la noche a la mañana, pero es el primer paso para evitar que los niños tengan el acceso directo a estos productos”, señala.

Con la adhesión del Artículo 20 bis a la ley, la diputada asegura que lo que se busca es que los padres de familia adquieran la responsabilidad y vigilen “la buena alimentación de sus hijos”, y les proporcionen los nutrientes necesarios para su desarrollo físico y emocional.

En otras palabras, explica, una vez que los negocios tengan prohibida la venta de los productos de alto contenido calórico y las bebidas azucaradas a los niños, serán los padres de familia quienes podrán decidir si comprárselos o no a sus hijos. “Nosotros como padres tendremos la enorme responsabilidad de decidir”, dice.

Esta medida, añade, será bien acompañada del nuevo etiquetado frontal a nivel nacional, pero también será el inicio de un trabajo conjunto con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), dependencia con la que se tendrá que trabajar de la mano tanto en campañas de sensibilización sobre el peligro de estos productos, y sobre los beneficios de una alimentación saludable, como en una norma oficial que sirva para la aplicación de la ley, una vez que la votación sea favorable.