Anticorrupción multó con 500 mil millones de pesos a una empresa que entregó información falsa al IMSS
Estas constancias formaban parte de la documentación presentada por la empresa para acreditar su capacidad técnica.

CIUDAD DE MÉXICO.- — La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a la empresa Equipos Médicos Vizcarra, S.A. con una multa de poco más de medio millón de pesos y una inhabilitación por un año para participar en contratos con la Administración Pública Federal.
La medida se tomó tras detectar que la compañía entregó información falsa durante su participación en una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detallan los motivos y alcances de la sanción.

¿Por qué fue sancionada la empresa?
La dependencia federal explicó que la empresa proporcionó información falsa al participar en la licitación LA-050GYR989-E17-2021, correspondiente al servicio de desinfección sin contacto para unidades médicas y no médicas en 2021 del IMSS.
De acuerdo con la autoridad, la irregularidad se detectó en 21 constancias de capacitación relacionadas con el uso de sistemas de:
- Termonebulización
- Limpieza
- Desinfección a base de vapor al vacío
Estas constancias formaban parte de la documentación presentada por la empresa para acreditar su capacidad técnica dentro del proceso de contratación.
¿Qué sanciones se impusieron?
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó:
- Multa económica: poco más de medio millón de pesos
- Inhabilitación: un año sin poder participar ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal
- Registro en padrón: inclusión en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
Esto implica que, durante el periodo de inhabilitación, la empresa no podrá competir por nuevas contrataciones públicas con el Gobierno de México.
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Según la dependencia, la resolución se emitió “conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta”.
¿Cuándo se notificó la sanción?
La autoridad informó que:
- La notificación formal a la empresa se realizó el 30 de enero
- La publicación oficial apareció posteriormente en el Diario Oficial de la Federación
Con ello, la sanción quedó asentada de manera pública y con efectos legales.

¿Puede la empresa impugnar la resolución?
Sí. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la empresa tiene derecho a impugnar la sanción mediante los recursos legales correspondientes.
Sin embargo, la dependencia advirtió que, en caso de presentarse una impugnación, defenderá la resolución, al considerar que fue impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.
¿Qué significa estar en el Directorio de Proveedores Sancionados?
Estar inscrito en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados implica:
- Restricción para participar en procesos de contratación pública
- Limitación para firmar convenios con dependencias federales
- Registro visible para todas las entidades gubernamentales
Este listado funciona como un mecanismo de control para evitar que empresas sancionadas continúen participando en contratos mientras dure la inhabilitación.
¿Por qué importa este caso?
El Gobierno federal ha señalado que este tipo de sanciones forman parte de las acciones para:
- Fortalecer la transparencia en contrataciones públicas
- Evitar irregularidades en licitaciones
- Proteger el uso de recursos públicos
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El caso de Equipos Médicos Vizcarra se suma a otros procesos administrativos en los que autoridades detectan documentación falsa o irregularidades en licitaciones federales.
Lo que se sabe hasta ahora
- La empresa fue sancionada por entregar información falsa en una licitación del IMSS
- Deberá pagar una multa y permanecer inhabilitada por un año
- No podrá firmar contratos con el Gobierno federal durante ese periodo
- Tiene derecho a impugnar la resolución
La autoridad sostuvo que la medida se tomó con apego a la ley y con el objetivo de proteger el interés público en los procesos de contratación gubernamental.
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