La nueva SCJN tiene 6 meses para resolver multimillonario adeudo de Ricardo Salinas Pliego al SAT mientras él suelta varias críticas

CIUDAD DE MÉXICO.-Un conflicto legal de 16 años entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llega a un punto crítico, enmarcado en una profunda polarización política entre el gobierno y el empresario.

1. El fondo del caso: La deuda y la postura oficial

• El adeudo: El conglomerado Grupo Salinas, presidido por Ricardo Salinas Pliego, mantiene una disputa fiscal con el SAT que asciende a 74 mil millones de pesos (mdp), según ha afirmado de manera reiterada el gobierno federal.
• Postura del gobierno: La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática al declarar que “ningún tribunal en el país ha dado la razón al empresario”. Según su versión, los tribunales no han exonerado a Salinas Pliego de pagar, sino que sus recursos legales han conseguido “postergar” el pago durante 16 años, una estrategia que el gobierno tilda de “dilatoria”.
• Contexto de la recaudación: Sheinbaum enmarcó sus declaraciones en un reporte de eficiencia del SAT, destacando una recaudación de 3.2 billones de pesos en el primer semestre de 2025, un aumento del 10% que atribuye a una mayor vigilancia y digitalización, contrastando con una época anterior donde, según ella, se “hacía de la vista gorda”.

2. El elemento nuevo: La reforma y el plazo para la SCJN

Un factor crucial que añade presión al caso es una reforma a la Ley del Poder Judicial de la Federación. Esta nueva legislación establece lo siguiente:

• Plazo máximo: Los juicios fiscales deben resolverse en un plazo máximo de seis meses a partir de la primera notificación al tribunal.
• Objetivo: La reforma busca agilizar procesos judiciales que, como este caso, pueden extenderse por años o incluso décadas, proporcionando certidumbre jurídica a los contribuyentes.
• Mecanismo de cumplimiento: Si el órgano jurisdiccional (en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nacional - SCJN) no emite una sentencia en ese plazo, está obligado a:
• Informar al Tribunal de Disciplina Judicial.
• Justificar por escrito las razones de la demora.
• Órganos aplicables: La ley es aplicable a tribunales administrativos, jueces de distrito, tribunales de circuito y, significativamente, a la propia SCJN.
• Matiz importante: Si bien la ley aplica para todos, se espera que el rigor del plazo de 6 meses se enfoque principalmente en casos de menor cuantía. Sin embargo, la enorme cifra del caso Salinas y la atención pública sobre él ponen a prueba la aplicación de esta reforma.

La “nueva SCJN” (conformada tras las recientes reformas judiciales) tiene, por ley, un máximo de seis meses para resolver definitivamente el multimillonario caso de Ricardo Salinas Pliego, a menos que justifique una prórroga ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

3. La reacción de Ricardo Salinas Pliego: Una “explosión” de críticas

Frente a esta presión, Salinas Pliego no ha guardado silencio. Su reacción, descrita como “estallar”, no se centró directamente en el caso fiscal, sino en una feroz crítica al proceso que dio origen a la nueva SCJN y al gobierno en general.

En un comunicado publicado el 1 de septiembre de 2025 en X, el empresario afirmó que esa fecha fue un “día negro para los derechos humanos” en México. Los puntos centrales de su diatriba son:

• Golpe de estado: Acusa al expresidente López Obrador y a su movimiento (al que denomina “Organización Criminal del More-Narco” o OCMN) de haber ejecutado un “golpe de Estado” para controlar todos los poderes.
• Control de instituciones: Enumera una secuencia de hechos donde, según él, se cooptó sucesivamente el Tribunal Electoral, el INE, y se sobornó a senadores para obtener mayorías calificadas y reformar la Constitución, pero no presentó pruebas.
• Fin de la división de poderes: Concluye que se ha instaurado una “nueva dictadura de partido único” y que se ha acabado con el sistema de división de poderes.
• Derechos humanos violados: Argumenta que ahora no queda institución alguna para defender los derechos humanos frente al abuso del poder, ejemplificándolo con la violación del derecho a la vida, la propiedad (acusando al gobierno de extorsión fiscal) y la libertad (mediante leyes que “esclavizan”).