Deuda de Elektra al SAT: Norma Piña “salvó” de duro golpe a Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO.-La reciente decisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha tenido un impacto en el conflicto fiscal entre Grupo Elektra y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La SCJN admitió a trámite un recurso de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, impugnando un crédito fiscal de 18,455 millones de pesos relacionado con el ejercicio fiscal de 2013. Este monto es el más elevado entre los litigios fiscales que enfrenta el conglomerado de Salinas Pliego.

Contexto del recurso de Ricardo Salinas Pliego

El 21 de agosto de 2024, la ministra Norma Piña aceptó el recurso de Elektra, argumentando que plantea cuestiones de inconstitucionalidad sobre leyes que podrían ser revisadas por la Corte. La admisión del recurso implica que el expediente será analizado por el ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala, que se espera tome de uno a dos meses para resolver.

El acuerdo de admisión fue notificado oficialmente, un procedimiento común en la Corte, que maneja entre 150 y 200 expedientes diarios. Esta decisión es importante, ya que si Piña hubiera desechado el recurso, la decisión habría sido definitiva, obligando a Elektra a pagar al SAT, dado que la empresa ya había perdido en las dos instancias previas de este juicio. De esta manera Piña salvó a Salinas de pagar.

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Implicaciones del recurso

La admisión de los recursos puede ser impugnada por el SAT o la Procuraduría Fiscal ante una Sala de la Corte, lo que podría prolongar aún más la resolución final. No obstante, la Corte no podrá pronunciarse sobre los hechos que sustentan los créditos fiscales o la actuación del SAT, sino solo sobre la posible inconstitucionalidad de las leyes aplicadas a Elektra. Las probabilidades de éxito de estos recursos para Elektra son mínimas.

El crédito fiscal de 18,455 millones de pesos se originó debido a que Elektra no revirtió las pérdidas que había utilizado en declaraciones fiscales anteriores al salir del régimen de consolidación fiscal en 2013. El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa había rechazado previamente el amparo directo solicitado por la empresa, con una decisión de dos votos contra uno.

Otros litigios y reacciones

Además del recurso de 18,455 millones de pesos, Elektra tiene otros dos litigios pendientes en tribunales colegiados por créditos fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, con un monto original de 6,920 millones de pesos. En 2023, el ministro Luis María Aguilar propuso que la Segunda Sala atraiga los cuatro amparos directos de Elektra para resolverlos en conjunto. Sin embargo, sus colegas rechazaron la propuesta, dejando los asuntos dispersos en diferentes tribunales.

La reciente intervención de la presidenta de la Corte llega en un contexto de creciente presión por parte del Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el SAT han manifestado su preocupación por la demora en la resolución de estos casos. En una carta enviada a Piña, el Gobierno alegó una posible dilación injustificada, y destacó que los casos en la Corte suman una cifra cercana a 35,000 millones de pesos, que podría incluir actualizaciones y recargos acumulados a lo largo de los años.

Deuda total de Salinas Pliego

El SAT ha confirmado que las empresas de Ricardo Salinas Pliego tienen una deuda total de 63,000 millones de pesos. Esta cifra incluye más de 53,000 millones derivados de juicios fiscales previos y en curso, y más de 10,000 millones generados por créditos emitidos durante la administración actual. El monto original de la deuda, estimado entre 2008 y 2018, era de 38,000 millones de pesos, que ha aumentado debido a ajustes por inflación y recargos.

Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, ha acusado a las empresas de Salinas Pliego de abusar del régimen de consolidación fiscal y de utilizar interpretaciones convenientes para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Hasta el momento, no se ha registrado ningún pago por parte de las empresas en cuestión, a pesar de las garantías de los créditos.

Elektra retirada del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores

Grupo Elektra, una de las principales cadenas de retail y servicios financieros en México, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, ha sido oficialmente retirada del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta decisión, anunciada por S&P Dow Jones Indices, marca un evento importante en el ámbito bursátil mexicano.

Razones para la eliminación

La eliminación de Grupo Elektra del IPC y otros índices S&P/BMV se debe a la extensión del bloqueo de la cotización de sus acciones más allá del umbral establecido de 20 días hábiles. De acuerdo con la metodología de los índices S&P/BMV, las acciones que permanecen suspendidas por más de 20 días son revisadas para considerar su eliminación del índice. En el caso de Elektra, la suspensión de su cotización se extendió 20 días adicionales, lo que llevó a la decisión final de su exclusión.

La decisión se hará efectiva antes de la apertura del mercado el lunes 2 de septiembre de 2024. Según el comunicado de S&P Dow Jones Indices, el precio utilizado para la eliminación de Grupo Elektra será de cero, aunque si la empresa comienza a operar nuevamente antes de la fecha efectiva, se utilizará el precio de cierre de mercado en su listado primario del día en que sea removida.

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Restricciones futuras

Una vez retirada del índice, Grupo Elektra no podrá ser reincorporada a los índices S&P/BMV durante un período de seis meses, incluso si sus acciones vuelven a cotizar en el mercado. Esta restricción subraya las severas implicaciones de su exclusión, afectando tanto su visibilidad en el mercado como su percepción entre los inversores.

Contexto adicional

Esta noticia se produce poco después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera una multa de 844,900 pesos a Ricardo Salinas Pliego por violaciones a la Ley de Mercado de Valores. Según la CNBV, Salinas Pliego, en su papel de miembro del consejo de administración de Grupo Elektra, enajenó acciones de la empresa sin realizar una oferta pública o subasta autorizada por la Comisión.