Recesión Política

En México se comienza a hablar de recesión económica. Un término quizá todavía exagerado para el estado actual de la economía, pero quizá no tanto desde el punto de vista de sus perspectivas inmediatas. Los economistas dicen que las cosas no pintan bien. Las variables de crecimiento, recaudación, consumo e inversión no han sido las prometidas y las perspectivas no pintan bien. Los analistas -incluida la SHCP- afirman que la economía muy difícilmente crecerá al 2% aunque el presidente considera que están siendo conservadores y apostó a los periodistas que la meta se lograría.

El mismo término puede aplicarse a la política. Hace unos años, Larry Diamond (2015) se refería precisamente a la recesión política. Un fenómeno mundial caracterizado por: El quiebre de la democracia en un buen número de países (Venezuela, Honduras o Rusia); el declive en la calidad de las democracias en las economías emergentes (Ucrania o Turquía); la profundización del autoritarismo en países grandes y de importancia estratégica (Rusia y China) y; el pobre o deficiente desempeño de las democracias establecidas (Estados Unidos).

Lo que une a todos estos casos -aunque en grados muy distintos- es la idea de que la democracia no funciona de manera efectiva para enfrentar los retos de la gobernabilidad. Una idea que puede tornarse peligrosa porque aun cuando los líderes políticos hayan sido electos democráticamente, comienzan a justificar la restricción de libertades, la disminución de contrapesos propios y los abusos de poder en aras de “cumplir el mandato popular”. De intentar esto se ha acusado a Trump. Un individuo al que no le agradan las instituciones que pueden limitar su poder.

¿Se puede hablar de recesión democrática en México? Quizá -como en la economía- todavía es pronto para saberlo. No tenemos, como ocurre en la economía, datos y cifras precisos como son la desaceleración del crecimiento, la inversión, la recaudación o el empleo que pueden medirse en periodos cortos de tiempo y compararse con lo que ocurría en los meses, trimestres o años anteriores. Los cambios políticos suelen ser menos abruptos y llevar más tiempo para hacerse evidentes, pero sí pueden evaluarse ciertas tendencias.

Entre las que identifican los proponentes de la teoría de la recesión democrática están la erosión de los pesos y contrapesos al Ejecutivo, anulación o rechazo de las restricciones normativas, intimidación de la oposición, reducción de espacios a la sociedad civil, provocación a los medios y polarización de la sociedad.

Como a cualquier otro gobernante a López Obrador le irritan los obstáculos para poder llevar a cabo su proyecto de nación. En tanto dirigente, tiene una fuerte convicción de qué hacer y cómo hacerlo. En su calidad de líder político con legitimidad democrática juzga que el mandato recibido debe cumplirse a toda costa.

Nada de esto es cuestionable si se maneja dentro de la normatividad e institucionalidad vigentes. Pero lo que diferencia a la democracia de otros regímenes es precisamente que hay obstáculos, que los qués y los cómos no son a voluntad del dirigente y que el cumplimiento de los compromisos del líder político debe observar ciertas reglas.

Para no caer en recesión económica, el reto es aumentar la inversión privada y destinar la inversión pública a proyectos productivos. La primera no puede lograrse sin una inyección de confianza a los mercados, incentivos a la producción y certidumbre jurídica a los empresarios. La segunda -en un escenario de restricción presupuestal- no puede hacerse con base en consultas populares y sin recurrir a los análisis de costo beneficio, aun cuando en este se considere lo social.

Para no caer en recesión política el bien a tutelar es el sistema democrático. Este no es más que la defensa de las instituciones y con ella de la “rendición de cuentas, la transparencia, el Estado de Derecho y la contención del poder” (L.Diamond, Facing Up to theDemocracticRecession). No es a donde apuntan las tendencias. Poco a poco van acumulándose los intentos por debilitar a los otros poderes, a los órdenes de Gobierno, a los órganos de autonomía constitucional y a la sociedad civil.

No podemos darnos el lujo de erosionar el apoyo social a la democracia y sustituirlo por el apoyo popular al Presidente.