Tendencias
Cintilla de tendencias

Covid-19

Omicron en CDMX

Carmen Aristegui

Pemex

No te pierdas las últimas noticias

Suscríbete a las notificaciones y enterate de todo


JUEGOS DE PODER

Negociar o presionar

El gobierno no tenía por qué negociar con la oposición. Contaba con los votos suficientes y sanseacabó

Por Leo Zuckermann

El fin de semana, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que entra. La coalición gobernante de Morena, PT y el Verde no le cambió ni una coma a la propuesta original que había enviado el presidente López Obrador.

Guste o no, para eso son las mayorías en una democracia. El gobierno no tenía por qué negociar con la oposición. Contaba con los votos suficientes y sanseacabó.

Muy diferente a lo que ocurría en los sexenios pasados en que los presupuestos salían por consenso porque los gobiernos estaban dispuestos a incluir las peticiones de la oposición para conseguir sus votos. Incluso, como sabemos, le repartían dinero a los diputados que ellos podían utilizar a su antojo: Los llamados “moches” de dudosa legalidad y pésima imagen.

Para aprobar leyes secundarias y el presupuesto anual, el gobierno de AMLO no necesita de los votos de la oposición. No es el caso, sin embargo, de las reformas constitucionales. Ahí se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados. No alcanzan los legisladores de Morena, PT, Verde. El gobierno, entonces, está obligado a conseguir el apoyo del PAN, PRI, PRD o MC.

Después de las pasadas elecciones intermedias de junio, el Presidente anunció que quería tres reformas constitucionales más para la segunda parte de su sexenio. La eléctrica, que ya envió al Congreso, la electoral y una para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como no tiene los votos, yo pensé que utilizaría el Presupuesto como moneda de cambio con el PRI para convencerlos que voten a favor de la reforma eléctrica. Abrir ciertos espacios presupuestarios que le interesan a los priistas (por ejemplo, dinero para los estados que gobiernan o apoyos en el campo que beneficien a las asociaciones campesinas vinculadas al tricolor) con el fin de asegurar votos de este partido a la reforma eléctrica. El tradicional quid pro quo que opera en todas las democracias.

No fue así. El Presidente y sus partidos demostraron total cerrazón. No quisieron negociar nada. Literalmente ni un centavo. ¿Por qué?

La primera hipótesis es que ya sabían que nunca obtendrían los votos suficientes del PRI para la reforma eléctrica. Para qué, entonces, abrir un espacio de negociación con el Presupuesto si ellos no ganarían nada en el futuro.

La segunda hipótesis es que, en realidad, el Presidente no quiere que se apruebe la reforma eléctrica. Más bien pretende utilizarla como un instrumento ideológico en su campaña permanente en contra de la oposición, sobre todo el año que viene cuando se llevará a cabo la consulta popular de la revocación de mandato. Si el asunto es más electoral que legislativo, no tiene sentido concederle ninguna demanda presupuestaria a la oposición.

Tercera hipótesis es que el Presidente sí quiera la aprobación de la reforma eléctrica, pero piensa que no es necesario negociar con los priistas porque obtendrá sus votos por medio de la presión política. No requiere darles ni un peso del Presupuesto ya que, cuando llegue la hora de la votación de la reforma constitucional, los amedrentará con perseguirlos judicialmente por corrupción. Y, amenazados, cual borregos, los priistas irán hacia donde les señale el pastor de Palacio Nacional.

Las dos primeras hipótesis no son excluyentes. Puede ser que el Presidente dé por descontado que no tiene los votos del PRI y que, en realidad, no quiera la reforma. Una, otra o juntas, estas hipótesis implicarían que la reforma eléctrica estaría muerta.

Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis. Parecería que la única posibilidad que pase esta reforma es por medio de una amplísima operación política del gobierno para presionar a los priistas. Echarles todo el poder del Estado para apretarlos. Se ve difícil porque el gobierno requiere 56 de los 71 priistas para aprobar la reforma en la Cámara de Diputados. ¿Habrá expedientes para amenazar a tantos?

Por lo pronto, esta semana el periódico El Universal informaba que 22 de los 71 diputados del PRI están en contra de la reforma eléctrica, suficientes para que no se apruebe dicha reforma. Si es así, efectivamente no tenía sentido negociar con la oposición el Presupuesto.

Comentarios