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Columnas Sergio Sarmiento

Mentiras eléctricas

Esta vez sí coincido con Manuel Bartlett. En la mañanera del 26 de marzo afirmó que, con la nueva Ley de la Industria Eléctrica, ha surgido una campaña de "difamaciones, mentiras constantes", sólo que estas vienen del propio director general de la Comisión Federal de Electricidad

Por Sergio Sarmiento

Ensenada, Baja California.-

"La electricidad no centraliza, sino que descentraliza",

Marshall McLuhan.

Esta vez sí coincido con Manuel Bartlett. En la mañanera del 26 de marzo afirmó que, con la nueva Ley de la Industria Eléctrica, ha surgido una campaña de "difamaciones, mentiras constantes", sólo que estas vienen del propio director general de la Comisión Federal de Electricidad.

            Dice Bartlett que a la CFE "se le impuso un sistema transitorio llamado contrato legado" para cubrir el suministro básico. Es verdad. Se ha aplicado también a otras empresas de electricidad del mundo que dejaron de tener un monopolio. La CFE hoy compra electricidad de empresas privadas, pero no "a un elevado precio", como afirma, ya que se despacha primero la energía más limpia y barata. Es falso, por otra parte, que la CFE salga perjudicada por comprar electricidad más barata. Al contrario, esto eleva su margen.

            Los productores de renovables, se queja Bartlett, "no le pagan a la CFE el respaldo para cubrir sus intermitencias". Hay en esto una discusión válida que se ha producido también en California y Texas con los apagones de 2020 y 2021. Las plantas de renovables no serían competitivas si pagaran por el tiempo en que no generan; pero que no lo hagan es una decisión en los países ecológicamente responsables para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones.

            Se queja Bartlett de que la CFE está obligada a comprar energía a los privados. "Esta exigencia es absurda", afirma, pero no lo es. La CFE debe comprar primero la electricidad más limpia y barata, lo cual es mejor para el ambiente y para los consumidores. Bartlett se queja de que los contratos con los productores independientes son de 25 años, pero de otra forma no se hubieran hecho las inversiones. Se requiere ese tiempo para amortizar una planta de electricidad.

            Dice Bartlett que la CFE "no necesitaba ningún generador privador que le vendiera electricidad". Efectivamente, en los tiempos del viejo PRI la CFE tenía un monopolio vertical. La apertura energética creó un mercado similar al de los países desarrollados e hizo posible la operación de productores independientes, que venden electricidad a la CFE, y de las sociedades de autoabasto, "una invención verdaderamente increíble", dice Bartlett. Esta invención, sin embargo, simplemente permite la creación de sociedades cuyos miembros pueden favorecerse de generadoras más eficientes.

            Es posible que 72,656 de los socios de las plantas de autoabasto "hayan sido arrebatados a la CFE, eran clientes de la CFE", como dice Bartlett, y quizá sean "las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas". Pero es lógico. Todas las firmas buscan la mejor electricidad al mejor precio. Bartlett miente, sin embargo, al decir que no pagan transmisión. Lo hacen y la tarifa la fija la autoridad.

            El director quiere volver a los tiempos del monopolio absoluto, pero este significaba una electricidad más cara y mala. Lo más perverso es que la CFE no tiene los recursos para invertir en nuevas plantas. No le alcanza siquiera para modernizar las redes de transmisión que tiene en monopolio, lo que provocó los apagones de 2019 y 2020.

La reforma necesaria no sería devolver a la CFE el monopolio, sino abrir más el mercado. No hay razón para mantener la transmisión y la distribución doméstica en manos de un monopolio. Los usuarios pequeños también deberían beneficiarse de los mejores precios y calidad de la electricidad privada.

Discrecional

El Gobierno ha mandado al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos que "considera inadecuado dejar la protección" de los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en manos de empresas privadas. De aprobarse, daría al Gobierno la posibilidad de cancelar los actuales permisos por cualquier razón y sin dar explicaciones.

Twitter: @SergioSarmiento

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