Fue el coronel

El subsecretario Alejandro Encinas hizo suyo el lema del movimiento de Ayotzinapa al declarar el 17 de agosto “Fue el Estado”, sólo que el informe de la Comisión de la Verdad que presentó no mostraba diferencias significativas con la “verdad histórica”. Dos días después fue detenido el ex procurador Jesús Murillo Káram, por supuestamente haber inventado una versión falsa de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y se anunciaron también órdenes de aprehensión contra militares. Se reveló una hipótesis que no aparecía en el informe: Que el general José Rodríguez Pérez, que sirvió con el grado de coronel como comandante del 27 batallón de infantería, había ordenado el asesinato de seis normalistas.

El Informe de la Comisión de la Verdad sobre el “Caso Ayotzinapa” no mostraba, en las partes no tachadas, hechos muy diferentes a los señalados en la hipótesis original o los presentados en la recomendación 15VG 2018 sobre el “Caso Iguala” (una designación más correcta) de la CNDH. Ratificaba que los normalistas habían sido secuestrados en Iguala por policías municipales y entregados al grupo Guerreros Unidos, que los asesinó. No se señalaba que algún militar hubiera ordenado matar a estudiantes. Se pedía iniciar o continuar indagatorias contra integrantes de Guerreros Unidos y funcionarios municipales, así como contra 10 funcionarios federales, cuyos nombres aparecían cubiertos por tinta negra. No se mencionaba a militares.

El 19 de agosto vino la sorpresa cuando se anunciaron 83 órdenes de aprehensión, 20 para militares de los batallones 27 y 41 de Iguala. Encinas afirmó que “se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes de ‘El Coronel’”.

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Perplejidad en las elecciones

De las 20 órdenes de aprehensión contra militares se han cumplimentado cuatro. El general brigadier Rodríguez Pérez se presentó voluntariamente, como lo hicieron un subteniente y un sargento. A un capitán ya detenido se le sirvió también una orden de aprehensión. No se les acusó, sin embargo, de homicidio, sino de delincuencia organizada. No fueron recluidos en cárceles civiles, pese a que se les juzgará en un tribunal federal, sino en el Campo Militar Número 1. Que el general y sus subordinados no hayan pretendido huir es una forma de expresar su inocencia, aunque se reservaron su derecho a declarar y pidieron duplicar el término constitucional para definir su situación jurídica. El 21 de septiembre conoceremos sus posiciones.

Hasta ahora el argumento contra las Fuerzas Armadas había sido que no tomaron medidas para proteger a los normalistas y a otros jóvenes atacados, como los integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo. Los mandos declararon que no podían legalmente intervenir por decisión propia, sino sólo a solicitud de las autoridades municipales, que les pidieron no hacerlo. Pero una cosa es no intervenir y otra ordenar asesinatos.

La 4T ha decidido unirse al movimiento de Ayotzinapa. Por eso la FGR nombró fiscal especial a Omar Gómez Trejo, ex secretario ejecutivo del GIEI, un grupo de “consultores independientes” que defendieron las versiones politizadas del movimiento y por eso el subsecretario Encinas declaró que “Fue un crimen de Estado”. Un primer paso para demostrarlo sería probar que Rodríguez Pérez ordenó el asesinato de estudiantes, pero hasta ahora no se le ha acusado de homicidio. La trama no ha cuajado todavía.

PLAN SIN PAZ

El plan de paz de AMLO es decretar una tregua de cinco años mientras el papa Francisco, el primer ministro de la India y el secretario general de la ONU hacen trabajo de mediación. No sorprende que Ucrania haya rechazado la propuesta, que mantendría la ocupación y daría tiempo a Rusia para reorganizar sus fuerzas militares.

Sergio Sarmiento es periodista y analista político/ comentarista de televisión.