Sergio Sarmiento

Si la mayor ambición de un político es llegar al poder y ejercerlo de manera absoluta, López Obrador debe estar satisfecho.

Mucho del camino de AMLO para acabar con la independencia del Poder Judicial siguió el “procedimiento establecido”.

Las elecciones al Poder Judicial serán tan despreciadas por los electores en México como en Bolivia, y mire que en Bolivia el voto es obligatorio.

La política mexicana se ha vuelto una comedia de errores o de abusos.

Al Presidente no le interesa mejorar la situación de seguridad y justicia del País, sino cobrar una venganza a jueces, magistrados y ministros que aportaron fallos con independencia y que creyeron en “el cuento de que la ley es la ley”.

Los políticos de la 4T quieren convencernos de que la “justicia social” debe reemplazar a la “justicia”.

Segalmex no es el único caso de corrupción del sexenio, aunque sí, quizá, el de mayor envergadura.

Nos dicen que con la reforma la justicia se volverá pronta y expedita, pero la propuesta no ofrece ninguna razón para pensarlo.

En otros países la propiedad es un derecho, en México una simple concesión del gobierno.

López Obrador ofreció uno de sus tradicionales desplantes populistas el 1 de septiembre al pedir en el Zócalo una consulta a mano alzada sobre la reforma judicial.

¡Qué bonito sería vivir en ese País que describe el Presidente!, un País de prosperidad y felicidad en el que “se ha demostrado que, por el bien de todos, primero los pobres”

Ya nomás nos falta un tercero para la mayoría calificada.

El término “pausa” no existe en el lenguaje diplomático. Es una ocurrencia más del Presidente.

Ya los morenistas no pueden seguir diciendo que la reforma judicial “es un mandato del pueblo”.

Ninguna de las acusaciones de AMLO sobre los presuntos actos de corrupción de los jueces ha sido respaldada por pruebas.