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Columnas Jaque Mate

Después del juego

Pero esto es exactamente lo que ha hecho el Congreso de Baja California al ampliar el período de Gobierno de Jaime Bonilla, el gobernador electo, de dos a cinco años.

Por Sergio Sarmiento

"Si deseamos respeto para la ley, primero debemos hacer la ley respetable",

Louis D. Brandeis.

            Imagínense, como dice con tanta frecuencia el presidente López Obrador, que Miguel Ángel Yunes Linares, electo para gobernar Veracruz por un tiempo de dos años, de 2016 a 2018, hubiera negociado con el Congreso estatal para ampliar su periodo. Se habría registrado una verdadera revuelta que habría encabezado, sin duda, Cuitláhuac García, el morenista que ya tenía puesto el ojo en la gubernatura para las elecciones de 2018.

            Y hubiera tenido razón. No es posible hacer una elección para un periodo determinado -de dos años, por ejemplo- sólo para modificar este después del voto. Hacerlo equivale a cambiar las reglas del juego después del juego. No es ético, por supuesto, pero tampoco es, me parece, legal.

            Pero esto es exactamente lo que ha hecho el Congreso de Baja California al ampliar el período de Gobierno de Jaime Bonilla, el gobernador electo, de dos a cinco años. Es bien sabido que los dos años le sabían poco a un empresario y político muy ambicioso que desde hace años añoraba con llegar al Gobierno de la entidad y que hoy cuenta con el respaldo abierto de su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando Bonilla se postuló en 2019, sin embargo, lo hizo con el conocimiento de que sería Gobernador por sólo dos años. No se vale salir a la contienda en estas condiciones sólo para cambiar las reglas una vez que ha concluido el proceso electoral.

            El presidente López Obrador niega haber dado órdenes para ampliar el mandato de Bonilla, quien lo llevó en 2016 al Juego de Estrellas de las Ligas Mayores de Beisbol en el Petco Park de San Diego, donde pudo tomarse una foto con el legendario toletero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz. En su mañanera del 9 de julio el mandatario afirmó: "Si hay una manipulación, una cosa indebida, van a resolver los del Tribunal Electoral. Lo que sí puedo decir es que nosotros no intervenimos, no hay línea".

            Si bien la iniciativa en el Congreso de Baja California fue presentada por un diputado de Morena, Víctor Manuel Morán, esta nunca habría prosperado sin el apoyo de los diputados del PAN. La votación final fue de 21 a favor, ninguno en contra y una abstención. La iniciativa ha sido ratificada por los municipios en fast track, pero el gobernador panista, Francisco Vega, dice que no la firmará.

            En realidad el tema no debe ser resuelto por el Tribunal Electoral, como ha sugerido el Presidente. Los magistrados de esta corte sólo resuelven casos de carácter electoral y nadie cuestiona la legitimidad del proceso que llevó al triunfo de Bonilla. Lo que ha dicho Marko Cortés, presidente nacional del PAN, es que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la retroactividad de la ley. Cortés también ha declarado que "expulsaremos a los legisladores que se corrompieron con Morena".

            Serán así los ministros de la Suprema Corte quienes tomen la decisión. Pero sería un pésimo precedente permitir el cambio de un periodo de Gobierno después de que la elección ha concluido. Habría sido inaceptable si lo hubiera intentado Yunes Linares en Veracruz. Pero es lo mismo si quien lo pretende es un Gobernador electo de Morena, como Bonilla. En ningún Estado de Derecho puede haber leyes que se apliquen de manera retroactiva. Si los legisladores quieren cambiar los periodos del Gobierno estatal, que lo hagan mirando al futuro y no para premiar al actual Gobernador electo. Ninguna ley debe modificarse para el beneficio de una persona.

Sin legitimidad

Cuauhtémoc Cárdenas ha sido claro: "El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende la inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de dos a cinco años el mandato del Gobernador electo".

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