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MARÍA AMPARO CASAR

Centralidad pasiva

Dice López Obrador que el Ejército es pueblo uniformado. Al terminar el sexenio habrá dejado de serlo

Por María Amparo Casar

La siguiente reflexión parte de un aprecio al papel que las Fuerzas Armadas han jugado en la estabilidad del País y del cauce democrático iniciado en los años 70. Ejército, Fuerza Aérea y Marina son las instituciones que más confianza recaban entre la población. No en balde México ha sido uno de los pocos países en los que jamás se han interrumpido las elecciones y en las que desde 1934 todos los presidentes electos han concluido su mandato sin, como en tantas repúblicas de América Latina y del mundo, se haya interrumpido el orden constitucional.

No entender la centralidad pasiva o neutral del Ejército y la Marina en los últimos 85 años es un tropiezo de graves consecuencias.

López Obrador no parece entenderlo así. Si la participación de estas instituciones en las tareas de seguridad interior luce por el momento indispensable, no hay razón que justifique su presencia en puertos, aduanas, desarrollos inmobiliarios, construcción de obra pública, banca, reparto de programas sociales, migración, protección de red de ductos, distribución de medicinas y tantas otras actividades. Todo esto sin contar con las tareas de inteligencia que ya realizaban tanto el Ejército como la Marina pero que ahora monopolizan porque la inteligencia civil quedó desmantelada.

Desde el sábado 20 de noviembre corrieron en los medios y en las redes las palabras del General secretario Luis Crescencio Sandoval, en el sentido de que “como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de Nación …” La frase no me asusta y al revisar discursos de anteriores secretarios de la Defensa encontramos afirmaciones parecidas.

Lo que sí me asusta es el aval que da el General secretario a la llamada cuarta transformación cuando dice: “Tenemos presente que las Fuerzas Armadas han cumplido un papel trascendental en cada una de las transformaciones nacionales, y eso nos motiva a seguir contribuyendo con la que actualmente vive nuestro País”. Y me asusta porque la intervención del Ejército en las otras tres transformaciones no fue una intervención pasiva y neutra sino activa y beligerante. Transformaciones en las que las Fuerzas Armadas tuvieron que tomar partido.

O la frase “apoyamos los proyectos prioritarios de su Gobierno, con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la Nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos”. Las Fuerzas Armadas no están para apoyar los proyectos prioritarios de los gobiernos. No estuvieron para apoyar la reforma eléctrica o la reforma educativa de Peña Nieto y no es su papel apoyar las obras de infraestructura de López Obrador.  

El arropamiento discursivo o la mimetización del discurso castrense al discurso presidencial eran innecesarios.

 Contrario a lo que advierte el General secretario de que las Fuerzas Armadas tenemos “el compromiso de seguir trabajando en los proyectos prioritarios de su Gobierno”, ellas tienen por mandato constitucional el compromiso de velar por, como también lo dijo, la integridad, independencia y soberanía de la Nación  contribuyendo a la seguridad nacional, a la seguridad interior y a la seguridad pública.

Por eso prefiero quedarme con la frase del General secretario cuando, en el mismo discurso del 20 de noviembre, dijo: “… esos 107 años de lealtad institucional nos dan luz respecto al pilar que representamos para la estabilidad y desarrollo del País”. La lealtad institucional no es lealtad a las políticas públicas que impulsa un Presidente ni a un proyecto en particular. Gobierno y Estado no son una misma cosa. El Estado, que no es más que el conjunto de normas e instituciones que le dan forma permanece. Los gobiernos van y vienen de acuerdo a la voluntad popular.

Dice López Obrador que el Ejército es pueblo uniformado. Al terminar el sexenio habrá dejado de serlo. Los integrantes de la Fuerzas Armadas se habrán convertido en policías, empresarios, constructores, desarrolladores, distribuidores, banqueros, agentes aduanales, aviadores, transportistas, investigadores y mucho más. También se abrirán las puertas para la corrupción y la opacidad y, ¿por qué no? para la intervención directa en la política.

El problema no será para el actual Presidente sino para la persona que resulte electa en el 2024, que difícilmente podrá echar atrás el cúmulo de actividades asignadas a las Fuerzas Armadas.

Lo que ha hecho el presidente López Obrador es ponerlas en la disyuntiva entre defender a las instituciones y el orden jurídico o defender un proyecto que por definición está limitado constitucionalmente a seis años.  

María Amparo Casar es licenciada es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.

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