¿Aborto o conciencia?

El próximo 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y en México el derecho a decidir ha registrado un avance sostenido en los últimos cinco años. Desde la liberalización en el entonces DF, en 2007, no se había avanzado legislativamente, sino lo contrario. Los avances en la capital del País provocaron una ola de 18 leyes estatales, acompañadas por el PRI y el PAN, que “protegieron la vida desde la concepción”. No fue sino hasta 2019 que el Congreso de Oaxaca liberalizó el aborto voluntario hasta la 12ª semana y a partir de entonces vino una ola de la marea verde. Al 2023, son 10 los estados que ya legislaron a favor del derecho a decidir y dos que lo hicieron por la vía judicial. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a pronunciarse sobre el aborto como un derecho y, gracias a un amparo de GIRE, se despenalizó el aborto a nivel nacional. Con ello ya sólo es cuestión de que los 20 congresos estatales que faltan armonicen sus leyes locales. Sin embargo, al derecho a decidir se le está confrontando ahora con la objeción de conciencia, limitando el acceso al aborto de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

La objeción de conciencia tiene sus raíces en la desobediencia civil, en lo que el politólogo y antropólogo estadounidense James C. Scott llamó como “formas de resistencia diaria” de los campesinos al poder. Sin embargo, es con el movimiento contra la Guerra de Vietnam que se empezó a hablar más de la objeción de conciencia y a verla como un derecho. Hoy se piensa más en la objeción de conciencia en el campo médico y como un contrapunto al derecho a decidir. De esta forma, la Comisión Nacional de Bioética define la objeción de conciencia como “la excepción individual que solicita el personal médico… para excusarse de realizar un acto médico en el que está directamente involucrado… al considerarlo incompatible con sus convicciones éticas, religiosas o morales”. En México, la Suprema Corte de Justicia dio un paso más allá y reconoce la objeción de conciencia como un derecho y esto es lo que ha generado un debate intenso sobre estas dos visiones.

La organización Católicas por el Derecho a Decidir convocó ayer a un foro en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para hablar sobre la pugna entre el derecho a decidir y la objeción de conciencia y en este foro la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur compartió cómo desde la liberalización del aborto en su Estado, en 2022, el personal médico de los servicios públicos de salud ha estirado la cuerda y argumentado la objeción de conciencia para reducir su carga laboral. No por una convicción religiosa, sino simplemente para trabajar menos, obstaculizando el acceso al aborto para las mujeres y personas con capacidad de gestar.

La objeción de conciencia ha provocado casos realmente dramáticos como el de una adolescente que fue abusada sexualmente y que quiso interrumpir su embarazo, pero le negaron el aborto por objeción de conciencia en 2019. En este caso la menor fue bien acompañada legalmente y ganó un amparo. Tras este caso una resolución judicial obligó a las autoridades de salud del Estado a contratar a médicos privados que no fueran objetores de conciencia cuando se presente la necesidad. Y esto es parte del asunto, ante la liberalización del derecho a decidir, el Estado debe garantizar el acceso al aborto aún reconociendo la objeción de conciencia.

La Cámara de Diputadas tiene pendiente votar una iniciativa que modifica la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia siguiendo lineamientos de la Suprema Corte. La objeción de conciencia no debe ser un obstáculo para garantizar este derecho, tal y como ya lo han reconocido el Poder Legislativo, la CNDH y la Suprema Corte. No se trata de uno u otro, sino de garantizar ambos derechos, pero ponderando siempre el acceso al aborto sin obstáculos. Cómo lograr esto es el fondo del asunto.