Dogma del fraude
No sé si hubo un fraude en la elección presidencial de 2006, pero sí sé que no hay pruebas.

JAQUE MATE
En 1997, el logro más importante es el de la autonomía del consejo del IFE. No sólo dejó el IFE de depender de Gobernación, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición”,
Andrés Manuel López Obrador, 1997.
No sé si hubo un fraude en la elección presidencial de 2006, pero sí sé que no hay pruebas.
El presidente Vicente Fox quiso intervenir en el proceso. El Tribunal Electoral lo reconvino por hacer declaraciones públicas que cuestionaban el populismo y que afirmaban que no era bueno cambiar de caballo a mitad del río, entre otras cosas, pero Fox no mencionó por nombre a López Obrador ni estas expresiones estaban prohibidas entonces por la ley electoral. En 2024, en contraste, López Obrador hizo decenas de declaraciones atacando a la oposición, cuando ya estaban prohibidas, sin que hayan sido pretexto para impugnar la elección.
Fox ha revivido el debate de la elección de hace 20 años al declarar en una entrevista con Juan Luis Cebrián para The Objective: “Lo puedo decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”. Después quiso corregir y dijo a Azucena Uresti de Radio Fórmula que ayudó a Calderón al “hacer buen trabajo, hacer buen Gobierno, Gobierno honesto, Gobierno con resultados”. El daño político, empero, ya estaba hecho.
Sin embargo, Fox no operó las elecciones de 2006, como sí lo hizo Manuel Bartlett en 1988. El Instituto Federal Electoral (IFE) estuvo a cargo del proceso y no hay indicios de alguna manipulación en las decisiones colegiadas de los once integrantes del Consejo General. Ni siquiera hay una idea clara de cómo se pudo haber llevado a cabo ese fraude.
Tampoco López Obrador tenía idea, por lo que fue de una explicación a otra. Primero dijo que había sido un fraude cibernético, después uno “a la antigüita”. Afirmó que había 3 millones de votos a su favor que el IFE había ocultado, pero resultó una mentira. Presentó un video que mostraba un supuesto relleno de urnas en Salamanca, Guanajuato, pero era una legal reubicación de boletas colocadas en urnas equivocadas. Como una representante del PRD avaló esa reubicación, la acusó de traición sin pruebas. Apuntó que había errores aritméticos en 72 mil actas, pero los errores afectaban por igual a todos los candidatos.
Exigió un recuento “voto por voto, casilla por casilla”, lo cual era ilegal porque violaba el principio de que en México los ciudadanos y no los funcionarios electorales contamos los votos, pero sólo impugnó 16.6% de las casillas, todas de Calderón y únicamente de la elección presidencial. No quería perder los avances de sus partidos en el Congreso, pero eso significaba que consideraba que el fraude había afectado sólo a la elección presidencial, a pesar de que el voto por el legislativo se realizó en las mismas casillas y con los mismos funcionarios.
Presiones al IFE las hubo y muchas. El entonces presidente Luis Carlos Ugalde las ha narrado en su libro Así lo viví, pero el instituto las resistió. El Tribunal Electoral no ordenó un recuento de todas las casillas, que AMLO no pidió en su impugnación, pero sí uno parcial de 11,724 paquetes o 9% del total. El recuento sólo bajó la ventaja de Calderón de 0.58 a 0.56%.
El resultado fue el más cerrado de la historia de México. Cientos de analistas revisaron la información, entre ellos observadores internacionales, pero sólo los simpatizantes de AMLO encontraron indicios de fraude. López Obrador protestó y se declaró Presidente legítimo, pero nunca presentó pruebas. Aun así, hoy sus seguidores consideran como un dogma de fe que hubo un fraude.
Nuevo árbitro
Con el escándalo de Guadalupe Taddei, y el intento de culpar al INE desde el 2000 de actos de corrupción no identificados, el régimen busca justificar el nombramiento de una nueva presidenta morenista y la posterior creación de un árbitro electoral bajo su completo control.
Sergio Sarmiento
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