Extinción de dominio

JAQUE MATE

NIZA, FRANCIA. Hay buenas razones para sostener que Emilio Lozoya participó en actos de corrupción con la empresa Altos Hornos de México (Ahmsa) de Alonso Ancira y la brasileña Odebrecht. Un reportaje de Quinto Elemento Lab del 2 de agosto de 2018 reveló estos lazos y transacciones.

Eso no significa, sin embargo, que debamos estar tranquilos ante la decisión del ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, de no revisar el recurso de revisión sobre la extinción de dominio de una casa de Lozoya en Lomas Bezares valuada en 51.7 millones de pesos y que ha quedado definitivamente en manos del Gobierno.

Para empezar, el ministro presidente no parece estar consciente de un fundamental principio jurídico: Lex retro non agit, “La ley no puede ser retroactiva”, el cual recoge el artículo 14 de nuestra Constitución. Lozoya compró la casa en 2012, presuntamente con sobornos de Ahmsa, mientras que la cuestionada adquisición de la planta de Agronitrogenados por Pemex a un precio inflado de 273 millones de dólares tuvo lugar en 2013. La Ley Nacional de Extinción de Dominio que el Gobierno aplicó a la operación data de 2019. Sí, el delito es anterior a la ley.

Preocupa también que el proceso legal no ha concluido. Lozoya debe gozar de la presunción de inocencia mientras no sea declarado culpable, según el artículo 20 constitucional. Sin embargo, la extinción de dominio ya ha procedido. Aun cuando los tribunales determinaran su inocencia, la confiscación ya no podrá revertirse.

Es fácil decir que Lozoya merece esto y más. El ex director general de Pemex se ha declarado inocente, pero no ha negado haber recibir los sobornos. Dice que lo intimidaron altos mandos de la campaña y el Gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos Luis Videgaray, para recibir los recursos. Primero huyó, pero después, con López Obrador, se acogió a un “criterio de oportunidad” para convertirse en testigo colaborador y declaró que el dinero se había utilizado para la campaña presidencial de Peña Nieto y para pagar sobornos a los legisladores de oposición para aprobar la reforma energética de 2013. Afirmó que sus propiedades, incluyendo la residencia de Lomas de Bezares, las compró con recursos propios.

Lozoya, sin embargo, no pudo comprobar que entregó el dinero a la campaña de Peña Nieto o a políticos de oposición. Videgaray descalificó las imputaciones de Lozoya como “falsas, absurdas, inconsistentes y temerarias” y añadió que acusaba a otros para “librarse de las consecuencias de sus actos”. Lozoya difundió un video de una presunta entrega de 12 bolsas con 200 mil pesos en efectivo cada una, para un total de 2.4 millones de pesos, a Rafael Caraveo Opengo, entonces secretario técnico de la comisión de administración del Senado. Pero el video no tiene fecha ni identifica el lugar. Sabemos que los legisladores del PRI aprobaron la reforma energética por órdenes de la Presidencia de la República, mientras que los del PAN siempre favorecieron la apertura del sector energético. No se necesitaban sobornos. Lozoya también afirmó que una parte del dinero la usó para comprar una bolsa de lujo a la periodista Lourdes Mendoza, quien lo demandó por daño moral y le ganó el juicio.

Es probable que Lozoya haya recibido sobornos de Ahmsa y Odebrecht y que merezca un castigo, pero eso no justifica la aplicación retroactiva de la ley ni la confiscación de sus propiedades sin que se le haya declarado culpable. En un estado de Derecho no se pueden violar de esta forma los derechos individuales. “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

CONSTITUCIÓN MEXICANA, ARTÍCULO

NACIONALIDAD

López Obrador cambió la ley para que Paco Ignacio Taibo II, nacido en España, fuera director general del Fondo de Cultura Económica. Hoy Sheinbaum quiere cambiar la legislación para prohibir que quienes tienen doble nacionalidad puedan ser gobernadores o presidentes. La 4T siempre manipula las leyes a su conveniencia.