Crimen de pensamiento

JAQUE MATE

Al final haremos el crimen de pensamiento literalmente imposible porque no habrá palabras para expresarlo”.

GEORGE ORWELL, 1984.

SAINT TROPEZ, FRANCIA. De último momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás ayer la controvertida variable 14 para el monitoreo y valoración de las informaciones de precampañas y campañas. El nuevo criterio pretendía registrar los “mecanismos discursivos indirectos de descalificación”. Sin embargo, el simple hecho de que el Instituto Nacional Electoral haya creado esta variable, que ordenaba entre otras cosas el registro de la ironía y el sarcasmo en la cobertura informativa de los procesos electorales, nos demuestra lo mucho que ha caído esta institución en el barranco de la censura.

Cuando el INE empezó los ejercicios de monitoreo y valoración de las coberturas informativas en 2011-2012, registraba sólo seis variables. Para 2023-2024 ya eran trece. Para 2026-2027 quería sumar esta 14.

Es bastante cuestionable que un árbitro electoral dedique tiempo y recursos a monitorear y valorar los contenidos de los medios en un país en el que, pese a los parches, la Constitución todavía establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. Pero registrar y exhibir la ironía o el sarcasmo era llegar a un absurdo.

Mucha gente no lo sabe, pero el INE mide ya los tiempos de transmisión y el género de cada nota, y valora la información; registra su importancia y si se divulgan encuestas o sondeos; revisa el uso de “un lenguaje incluyente y no sexista” (emplear las reglas de la Real Académica es sexista para el INE); determina si hay violencia política “en razón de género”; toma nota del enfoque informativo y la cobertura de candidaturas generadas por acciones afirmativas; determina si se emplean “estereotipos” relacionados con “grupos en situación de discriminación”; registra si hay vínculos de temas de interés público con actores políticos y si hay actos de violencia política contra candidatos.

Para el proceso electoral de 2026-2027 el INE decidió medir también la descalificación indirecta. Estableció la obligación de contabilizar “el número de piezas de monitoreo en las que se identifique al menos una expresión de descalificación, menosprecio o cuestionamiento indirecto hacia una persona precandidata o candidata, mencionada por personas conductoras, locutoras, reporteras, analistas o cualquier voz en ož ”. Pidió que se registraran las expresiones de ironía o sarcasmo, la “minimización” (que reduce la experiencia, capacidad o logros de un candidato), la “infantilización” (que trata a los candidatos como inexpertos, ingenuos o incapaces), el “cuestionamiento implícito de legitimidad” (expresiones que sugieren que un candidato no merece o no está en condiciones de ocupar el cargo que disputa) y la “asociación negativa por identidad” (“expresiones que hacen referencia implícita a la pertenencia de la persona a un grupo -por género, origen étnico, edad, orientación sexual u otra característicade manera que implique una limitación o descalificación sin enunciarlo explícitamente”). Sí, increíblemente el INE quería registrar y exhibir las expresiones de ironía o sarcasmo. Decía que no tenía el propósito de censurar, pero entonces ¿para qué registrarlo? ¿Para qué gastar millones y millones de pesos en saber si un conductor, entre miles, se refirió con sarcasmo a un candidato?

Esta vez el Tribunal Electoral decidió que la variable 14 viola el artículo sexto constitucional, pero todo el ejercicio quebranta la libertad de expresión. No es función de un árbitro electoral registrar y valorar lo que digan los medios, ni exhibir el “crimen de pensamiento”.

MILLONARIOS

En el Gobierno de “primero los pobres” resulta que todos los funcionarios son millonarios y utilizan sus propios recursos para cubrir sus gastos. Resulta difícil creerles. Mara Lezama es solo el último ejemplo.