Sinaloa: ¿Y el Gobernador y la fiscal?

Astillero

Es importante la detención de Fausto Corrales Rodríguez, testigo de una parte aún imprecisa de lo sucedido en Culiacán hace más de dos años a Ismael Zambada, el “Mayo”, y a Héctor Melesio Cuén Ojeda. Pero más relevante y trascendente sería puntualizar judicialmente los roles jugados por el entonces gobernador, Héctor Rocha Moya, y la fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

La Fiscalía General de la República (FGR), actualmente a cargo de Ernestina Godoy, “presume que (Corrales) incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos”. Pues bien, cuando Alejandro Gertz Manero estaba a cargo de tal fiscalía federal se demostró que la fiscalía sinaloense, a cargo de Quiñónez Estrada, había realizado un absoluto montaje, que incluyó un famoso video en una gasolinería, para desvirtuar la misma realidad, engañar a la autoridad y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos del 25 de julio de 2024.

La fiscal dio como información en firme (con videograbación hecha con muy mal libreto) que Cuén Ojeda había sido asesinado durante un intento de asalto nocturno en una gasolinería, con Fausto Corrales al volante de una camioneta. Fue el propio “Mayo” Zambada quien aseguró que Cuén Ojeda había sido ejecutado de mañana, en el mismo sitio donde el jefe histórico de una parte del Cártel de Sinaloa habría sido traicionado por uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”.

Quiñónez Estrada fue propuesta e impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya para que el Congreso la designara en la fiscalía estatal y era tanta su influencia sobre ella que, luego de lo sucedido al “Mayo” y a Cuén Ojeda, le “recomendó”, según su pública declaración, que renunciara al cargo, lo que Sara Bruna cumplió con prontitud.

No ha habido ninguna acción judicial federal contra la fiscal que realizó ese grave montaje, y Rocha Moya, ahora gobernador con licencia, tampoco ha tenido mayores contratiempos por, entre otros puntos susceptibles de investigación, el extraño viaje a Estados Unidos que a bordo del avión de un poderoso empresario dijo haber realizado en la mañana de aquella fecha trágica en la que uno de los Chapitos, el “Mayo” y Cuén Ojeda se reunieron, supuestamente por convocatoria de Rocha Moya, con los capos como testigos de honor, para dirimir conflictos entre el mandatario y su principal adversario político, Cuén Ojeda, entonces diputado federal electo a nombre del PRI.

En realidad, en Sinaloa se vive la continuidad nada disfrazada del rochismo. La gobernadora sustituta, Yeraldine Bonilla Valverde, parece haber sido escogida justamente para no ejercer realmente el poder, y los cuadros políticos y administrativos de Rocha Moya siguen controlando el aparato de Gobierno.

Sin embargo, la detención de Corrales (hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado local) puede significar problemas para el Gobernador con licencia, Rocha Moya, y algunos de sus allegados. Habrá de saberse si realmente fue testigo de los hechos criminales el ahora detenido (quien luego de los hechos se reincorporó al menos en términos declarativos a sus actividades en la UAS) y quiénes y en qué términos lo llevaron a rendir declaraciones falsas (las que en ese momento necesitaban Rocha Moya y la fiscal Quiñónez) y a escabullirse hasta que ahora ha sido apresado.

Ante la cada vez más fuerte presión de la administración Trump para que México entregue piezas políticas importantes, las declaraciones de Fausto Corrales podrían abrir la puerta a acciones judiciales mexicanas relacionadas con Rocha Moya y conexos, para mantenerlos bajo proceso local, sin ceder a las exigencias gringas e incluso para frenar o posponer otras demandas estadounidenses contra piezas más relevantes del aparato 4T. ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López