Hacerle “cosas malas a la gente mala”

De entrada, una reflexión necesaria. La producción, tráfico, comercio y abuso en el consumo de las drogas sicoactivas con fines no médicos se consideran actividades ilegales porque de suyo son perjudiciales para la salud física y mental de sus usuarios; además suelen seguirse de una estela de consecuencias familiares y comunitarias que amenazan el bienestar y el equilibrio social de amplios grupos con el consecuente deterioro de su desarrollo.

Bajo estas realidades y, en especial por los serios daños corporales y sicológicos, los códigos jurídicos de muchos países consideran estas actividades como daños a la salud suficientes como para tipificarles de actos delictivos.

Desde el punto de vista específicamente ético, la actividad narco se considera lesiva a algunos de los principios bioéticos, concretamente por su maleficencia e injusticia intrínsecas y, en cierto sentido, porque frecuentemente afecta negativamente la autonomía del consumidor cuando le sume en estados de alteración del pensamiento y dependencia enfermiza del consumo.

Ya entrando en materia, consideremos que la política estadounidense para América Latina se ha concentrado notablemente en la lucha antinarcóticos hasta el grado en el que hoy las autoridades correspondientes de ese País la consideran oficialmente una guerra de perfil incluso terrorista y que como tal debe atacársele.

Nadie ignora, en general, que la guerra contra el terrorismo reclama una perspectiva de ética castrense diferente a la propia de la guerra entre combatientes tradicionales, y precisamente por esa perspectiva ética, al menos “diferente”, el combate se enreda entre actos que por parte de la autoridad, y de alguna manera también por los delincuentes, son actos atípicos por decir lo menos, y en realidad son actos u operativos que exhiben una dilución de los límites de las formas convencionales de combate lo que da paso a maniobras de ataque que con frecuencia han merecido, incluso por los medios, el calificativo de ilegales como son las ejecuciones al margen de la ley, la utilización de armas no convencionales como las minas terrestres explosivas incluso en áreas típicamente civiles, igualmente -y con más claridad- los disparos desde el aire sobre embarcaciones en las que se presume -sin certeza- que todos los que allí navegan son individuos armados designados como “combatientes enemigos” coludidos con el narco. No han sido pocas las opiniones de expertos juristas que han sustentado los motivos de la ilegalidad de tales ataques de los que las fuerzas armadas estadounidenses acumulan ya 66 con un saldo de 221 personas fallecidas; por fortuna no se ha repetido ningún ataque a embarcaciones después del 21 de junio pasado.

Está claro que la nueva estrategia militar de los Estados Unidos apunta a alejarse de alta mar para dirigir ataques aéreos en tierra; habrá que ver qué características tendrán esos ataques y si se tomará la cautela debida para minimizar acciones legal y éticamente dudosas que por lo visto no se tomaron para las marítimas.

El miércoles de esta semana se tuvo un encuentro liderado por los Estados Unidos en la ciudad de Panamá con la asistencia de representantes de 18 países latinoamericanos y esto manifiesta, por otro lado, el hartazgo y la disposición crecida de esa nueva coalición de países del hemisferio que están ávidos del respaldo militar del Pentágono para la lucha antinarco en sus territorios.

El Secretario de Defensa -o de Guerra- estadounidense, Pete Hegseth, mencionó con su característico rostro rígido, que la citada coalición contra cárteles hará “cosas malas a la gente mala” (“bad things to bad people”): Parece que hay razones para sospechar que habrá más elasticidad en las normas del combate antinarco. ¿Aún más?

Jesús Canale

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com