La Corte y el ABC de la impunidad

Astillero

Diecisiete años después de la tragedia que provocó la muerte de 49 niños y heridas en un centenar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado imprescriptibles los delitos que se hubieran cometido y abre la puerta a acciones penales contra servidores públicos de aquel momento y otras personas relacionadas con los hechos.

Lo sucedido el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es una de las heridas abiertas del México de la impunidad y la injusticia. Durante años, padres y madres de las víctimas han luchado en busca de castigo a todos los responsables y de apoyo institucional suficiente para los sobrevivientes.

La tragedia sucedió cuando Felipe Calderón Hinojosa era ocupante de Los Pinos, el empresario Eduardo Bours Castelo gobernaba Sonora y Ernesto Gándara Camou presidía el Municipio de Hermosillo. Juan Molinar Horcasitas, ya fallecido, había sido director del Instituto Mexicano del Seguro Social desde diciembre de 2006 hasta marzo de 2009 y fue considerado responsable operativo del esquema de subrogación de servicios a particulares, en específico los relacionados con guarderías infantiles.

Tres meses antes de la desgracia, Molinar Horcasitas había dejado el cargo en el IMSS, para ser nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes en el gabinete calderonista. Lo relevó Daniel Karam Toumeh, panista al igual que Calderón y Molinar. El día funesto, Karam era director del IMSS, Carla Rochín Nieto coordinaba las guarderías infantiles y Sergio Antonio Salazar Salazar dirigía las prestaciones económicas y sociales (él fue el solicitante de amparo, bajo el argumento de que los probables delitos habían prescrito, ante lo cual ayer se pronunció la Corte).

Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo era una de las copropietarias de la guardería. Prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, concentró los señalamientos de protección desde Los Pinos a ella y los demás socios de la ABC, Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez.

Las consecuencias judiciales para los funcionarios e inversionistas implicados han sido diversas. Hasta el 3 de octubre del año pasado sólo estaba en prisión Noemí López Sánchez, quien había sido jefa del área de guarderías de la delegación en Sonora del Seguro Social. El citado 3 de octubre entró a la cárcel, luego de ser deportada de Estados Unidos, Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las copropietarias de la ABC, prófuga desde 2022.

En términos generales, el número de acusados y las sanciones fueron disminuyendo, mediante diversas gestiones judiciales. De diecinueve ex servidores públicos y particulares que inicialmente fueron considerados responsables, sólo nueve fueron sentenciados. De las sentencias originalmente consideradas, a través de amparos, apelaciones y diligencias varias se pasó a penalidades menores (la copropietaria Téllez Nieves, por ejemplo, pasó en 2016 de una condena de 28 años y once meses, como responsable de homicidio y lesiones culposas, a cinco años y siete meses en 2022.

¿Hasta dónde puede llegar el brazo justiciero reactivado por unanimidad por la Corte? A los copropietarios de la guardería y a algunos funcionarios menores del Seguro Social se les procesó y sentenció. Los intocados, hasta ahora, son los altos funcionarios públicos de la época. En la sesión de ayer, las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos mencionaron que la tragedia de la guardería ABC tiene como referente, en la administración de Felipe Calderón, el “modelo neoliberal” que privatizó las guarderías e incluso “destruyó la actividad solidaria del Estado mexicano”, y advirtieron que una situación similar no debe repetirse (nota de Iván Evair Saldaña, https://goo.su/8Srdf ).

Vale también preguntarse si similares consideraciones y acciones justicieras podrán imputarse a administraciones posteriores a la calderonista en cuanto a falta de cumplimiento del Estado mexicano y sus gobiernos en materia de salud pública, medicinas y servicios hospitalarios. ¡Hasta el próximo lunes!

Julio Hernández López