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Ohuira: “Diálogo” y “hechos consumados”

Podría servir para un estudio académico lo que durante más de doce años han sufrido las comunidades afectadas por la construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en el municipio sinaloense de Ahome.

Julio Hernández López

ASTILLERO

Podría servir para un estudio académico la serie de engaños, simulaciones, complicidades, división social y trampas legales que durante más de doce años han sufrido las comunidades directamente afectadas por la construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en el municipio sinaloense de Ahome.

Impulsado originalmente (tiempos del peñismo y su corrupción) por un amasijo de intereses en el que convergieron el entonces gobernador “independiente” Mario López Valdez (Malova), su secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y el ex gobernador y ex candidato presidencial priista, Francisco Labastida Ochoa y su hijo, el proyecto fue retomado con entusiasmo durante el obradorismo y, en consecuencia, por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con enjundia digna de mejores causas, la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Alicia Bárcena, ha cerrado la más reciente fase de este proceso de imposición de tal planta de amoniaco con un abierto litigio contra las comunidades afectadas y a favor de la empresa, Gas y Petroquímica de Occidente, de dominante capital suizo y alemán.

Con un desdén absoluto por la opinión, los estudios y las pruebas de las comunidades contra dicha planta, Bárcena ha desatendido, a menos que todo haya sido un juego de apariencias, la indicación, en mayo de 2025, para que fuera a dialogar con las cuatro comunidades directamente afectadas; a más de un año de que incluso ella prometió personalmente ir a aquella zona, y de una segunda instrucción presidencial este mayo, sigue sin “dialogar”.

En realidad, la visita y el “diálogo” ya son absolutamente irrelevantes. Mientras se mantenían esos señuelos, la Semarnat sentenciaba a la derrota legal a los opositores a la planta, pues el 31 de marzo de este año, Julio César García Vergara, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la secretaría mencionada, mediante oficio SRA/DGIRA/DG-02639-26, informaba al juez Adalberto Bañuelos, quien resolvería el juicio de amparo 215/2026-78, que las objeciones de las comunidades, promovidas por Manuel Antonio López Leal, eran, a juicio de Semarnat, algo “considerado materialmente consumado, porque ha surtido todos sus efectos y en contra del mismo resulta improcedente” conceder dicho amparo.

El 23 de abril de este año, mediante oficio UCAJ/112/3630/2026, Lucía Sandoval Martínez, coordinadora de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Semarnat, agregó en once cuartillas otra estocada gubernamental: alegó que los quejosos (las comunidades directamente afectadas). Informó al mismo juez Bañuelos que los agravios planteados lo fueron en forma extemporánea y, por ello, significaban una “aceptación tácita”, además de fundarse en “apreciaciones subjetivas”, a partir de una “proyección hipotética de posibles afectaciones futuras” y ante “actos consumados de manera irreparable”, por lo cual Semarnat pidió al juzgador “negar el amparo a la quejosa por las razones expuestas”.

Tal cual, el juez falló en contra. Sin embargo, en mayo, a unos días de la sentencia, que será recurrida en segunda instancia, desde la mañanera presidencial se escucharon exhortaciones a continuar el diálogo, busca soluciones y, claro, que la largamente omisa secretaria Bárcena al fin fuera a la Bahía de Ohuira. Para preparar tal visita fue a Topolobampo una comisión del Gobierno federal; mientras se reunía con representantes de las comunidades desfilaban en la zona enormes aparatos provenientes de Alemania para ser instalados en la planeta de amoniaco, lo que aceleró la protesta ya no sólo de comunidades sino de habitantes de Los Mochis y Topolobampo.

Ayer estuvo allá otra comisión, encabezada por un subdirector de Conagua, para seguir “dialogando” y “buscar soluciones” ante “hechos consumados” que el Gobierno federal pretende imponer al costo que sea, incluso con la apertura de carpetas de investigación contra dirigentes que han reiterado estar dispuestos a dar la vida con tal de proteger su medio ambiente, cultura y forma de vida. ¡Hasta el próximo lunes!

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