Derecho a la salud

JAQUE MATE

No podemos hablar con seriedad de la universalización de un derecho si no hablamos al mismo tiempo de una fuente de financiamiento que no discrimine entre los que disfrutan de ese derecho”,

Santiago Levy-Algasi, 2011.

Tener un sistema que otorgue servicios de salud a toda la población mexicana ha sido un viejo sueño y se han registrado varios intentos para lograrlo. Quizá el más exitoso fue el Seguro Popular, creado en 2003 por Julio Frenk, en el Gobierno de Vicente Fox, pero que López Obrador abolió en 2020. Le siguieron el Insabi y el IMSS Bienestar, que han sido enormes fracasos. Ahora la presidenta Sheinbaum ha lanzado lo que llama “servicio universal de salud”.

“El objetivo -dijo el 7 de abril-es que, cuando nosotros dejemos el Gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido; que si es derechohabiente del IMSS se pueda ir al Issste o al IMSS Bienestar; que si es derechohabiente del IMSS Bienestar pueda irse al IMSS o al Issste”.

Esta “buena idea”, sin embargo, podría tener consecuencias desastrosas. A pesar del deterioro que han sufrido, el IMSS y el Issste siguen teniendo mejores servicios que el IMSS Bienestar. Los beneficiarios del IMSS Bienestar buscarán naturalmente trasladarse al IMSS o al Issste, pero estas dos últimas instituciones están cada vez más saturadas. Con la afluencia de los nuevos beneficiarios se provocará una caída adicional en la calidad de sus servicios.

El Seguro Social se financia principalmente por cuotas de trabajadores y empleadores, mientras que el IMSS Bienestar no cobra nada, debido a que el Gobierno lo subsidia completamente. Si a partir de ahora cualquier persona podrá tener acceso al IMSS, ¿por qué tendrían los trabajadores formales y sus patrones que seguir pagando sus cuotas? Mejor quedarse en la informalidad y aprovechar la nueva vía sin costo de ingreso al IMSS.

Las dificultades para lograr un sistema universal de salud son muy conocidas. El Seguro Popular llegó a tener, en 2016, 55 millones de derechohabientes. Sin embargo, Santiago Levy-Algasi, quien fue director general del IMSS en 2001-2005 y vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo en 2008-2018, presentó en 2011 un documento titulado “¿Universalización de la salud o de la seguridad social?” en el que argumentó que el Seguro Popular y otros programas para dar beneficios sociales a personas sin empleo formal generaban incentivos perversos para fomentar la informalidad. Propuso crear un gravamen al consumo para “unificar la fuente de financiamiento, de manera muy similar a lo que ahora ocurre en materia de educación. Mi propuesta implica eliminar el impuesto a la formalidad y el subsidio a la informalidad que tanto daño causa al País”.

La propuesta de la presidenta Sheinbaum crea un sistema desigual, en el que los trabajadores del sector formal tendrán que seguir pagando las elevadas cuotas del IMSS mientras que los trabajadores informales del IMSS Bienestar podrán gozar de los servicios del IMSS sin aportar nada. Esto no sólo es injusto, ya que obliga a los trabajadores registrados en el IMSS a subsidiar a los informales, sino que promueve la informalidad. Las ya importantes resistencias de patrones y trabajadores para pagar las cuotas del Seguro Social y otros costos de la formalidad se incrementarán.

Coincido con la Presidenta en la necesidad de construir un servicio de salud universal, pero no depredando al ya muy lastimado IMSS. Lo peor que puede hacer el Gobierno es dar más incentivos a la informalidad.

Afores

La llaman la Ley para el Fomento de la Inversión para Infraestructura, pero es más bien un robo. La iniciativa, aprobada ya por el Senado, permitirá al Gobierno apropiarse de 30% de las Afores de los trabajadores para invertir en infraestructura. Si son obras como el Tren Maya, perderán mucho dinero; pero, además, ni siquiera les pedirán permiso.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com