Extorsión judicial

JAQUE MATE

Estamos enfermos, gravemente, de injusticia”,

GERMÁN DEHESA.

El 26 de julio de 2023, sin presentar orden de aprehensión, fue detenida una persona en una plaza comercial de Interlomas en Huixquilucan. Se trataba de Abelardo de la Torre Suire. La acción la realizó un grupo de policías judiciales de la Fiscalía del Estado de México que le dijeron después que estaba acusado de homicidio calificado de un desconocido el 15 de septiembre de 2017 en Reynosa, Tamaulipas. ¿De dónde surgió la información que permitió la identificación del presunto responsable seis años después? De una llamada anónima recibida en la Fiscalía de Tamaulipas el 30 de junio de 2023, la cual señalaba a una persona de nombre distinto, sin media filiación ni domicilio, que no mencionaba siquiera el Estado.

El detenido fue trasladado a la Agencia de Investigación Criminal-Fiscalía Antisecuestros de la fiscalía mexiquense en Lerma. En vez de tratar el tema del homicidio, le dijeron que estaba detenido por instrucciones de Jesús Alí de la Torre (un político tabasqueño, sin parentesco con el detenido), a quien su empresa le había alquilado un apartamento en Polanco, Ciudad de México. Le exigieron que le cediera la propiedad porque de lo contrario sería remitido a Tamaulipas para ser procesado. De no hacerlo, ya tenían preparadas otras órdenes de aprehensión y habría consecuencias para su familia.

De la Torre firmó un reconocimiento de adeudo con garantía del apartamento en favor de Jesús Alí, pero aun así fue remitido a Reynosa. La juez que vio el caso le dictó auto de no vinculación a proceso el 29 de julio. La fiscalía de Tamaulipas apeló, pero el 7 de diciembre la sala regional del Tribunal de Justicia ratificó la no vinculación.

El afectado presentó una denuncia penal por extorsión y otros delitos el 6 de septiembre de 2023 contra los policías judiciales y Jesús Alí. Respondió más tarde con una denuncia contra Jesús Alí por fraude procesal, por una denuncia que este había presentado para obligarlo a entregar la propiedad. El caso fue denunciado por un reportero en una mañanera de López Obrador, quien dijo que pediría a las fiscalías investigarlo.

Ante la pasividad de la fiscalía mexiquense, De la Torre realizó sus propias investigaciones y recabó pruebas contra los extorsionadores. Después de dos años consiguió que se giraran cuatro órdenes de aprehensión por secuestro con fines de extorsión contra los policías, pero hasta la fecha no se han cumplimentado. Increíblemente, uno de los policías, que ya está en la cárcel acusado de otro delito, no ha sido notificado ni vinculado a proceso en este caso. Tampoco se han girado órdenes de aprehensión contra Jesús Alí y otro funcionario involucrado, ni contra integrantes de las fiscalías del Estado de México y Tamaulipas que participaron en el delito.

El caso demuestra la fragilidad en la que nos encontramos todos frente a las fiscalías. Cualquiera puede ser detenido, a raíz de una denuncia anónima, por un homicidio contra un desconocido cometido en otro Estado seis años atrás. Aun después de demostrar su inocencia, si la víctima quiere actuar contra los responsables tendrá que hacer la investigación, porque a las fiscalías no les interesa indagar a los suyos. Y cuando finalmente se logran algunas órdenes de aprehensión, estas simplemente no se ejecutan.

“La renovación del Poder Judicial debería comenzar por las fiscalías”, me comenta por correo electrónico Abelardo de la Torre Suire, a quien no conozco personalmente. Estoy de acuerdo, aunque es claro que eliminar los abusos de la justicia no era el propósito de la reforma judicial.

LOZOYA

La Suprema Corte ha ratificado una sentencia que obliga a Emilio Lozoya a pagar una indemnización a la periodista Lourdes Mendoza. El ex director de Pemex mintió cuando dijo que una parte del dinero de Odebrecht se usó para ella. Tampoco se ha comprobado su afirmación de que dio recursos a legisladores de oposición para comprar su voto.