¿Quién querrá ser socio minoritario del Gobierno?

Juegos de poder

Por un lado, el Gobierno tiene poco dinero para invertir. Por el otro, la iniciativa privada no tiene apetito para hacerlo. Consecuencia: La inversión está por los suelos en México.

El Inegi reporta que, en octubre de 2025, la formación bruta de capital fijo disminuyó -5.8% a tasa anual. Esta caída de la inversión explica en gran medida el bajo crecimiento económico.

Por muchas razones, sobre todo políticas, al Gobierno le urge que la economía crezca más. Ergo, requiere aumentar la inversión pública e incentivar la privada.

Esta semana presentó el “Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030”. Se trata de un programa con una meta muy ambiciosa de 5.6 billones de pesos de inversión “pública y mixta” en lo que resta del sexenio. Tan sólo este año, se proyecta un flujo de 722 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado que equivalen a dos puntos del Producto Interno Bruto.

Me gusta la ambición de este plan. Me gusta, también, que el Gobierno reconozca que no tiene el dinero para construir infraestructura solo; que requiere la colaboración del sector privado.

Pero el éxito de esta propuesta dependerá de manera crítica de un aspecto: La estructura de los contratos del gobierno con los privados.

Veamos lo anunciado este martes.

Primero, y en esto fueron muy enfáticos, serán diferentes a las Asociaciones Públicas Privadas (APPs) que se utilizaron en los gobiernos anteriores al de AMLO. La Presidenta las calificó como “abusivas”. El secretario de Hacienda, por su parte, dijo que “eran muy caras” porque reflejaban el riesgo que asumía el privado. Pues sí…

No serán, entonces, APPs. El secretario Amador anunció otro tipo de esquemas “que sean muy eficientes en términos de costos”. Para ello, presentarán una nueva ley en el Congreso en los próximos días.

El director de Banobras adelantó que ellos estarían buscando “inversiones mixtas” donde “el Gobierno federal tenga mayoría en las empresas que se vayan a crear con el sector privado. Eso nos permite tener cierto control sobre las inversiones”. Así que los privados serían los socios minoritarios en un esquema que, según Jorge Mendoza, buscaría “que exista la gobernanza y el esquema de operación de una manera adecuada para que estos proyectos sean financiables y bancables”.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Crédito Público, María del Carmen Bonilla, agregó otros elementos posibles: “Esquemas de garantías” de la banca de desarrollo y “contratos mixtos” complementados “con nuevos vehículos” utilizando al mercado bursátil y la banca comercial.

Los contratos mixtos se usarán “para construir y desarrollar, y también para que el capital, una vez que los proyectos estén maduros, los pueda recuperar el Gobierno federal”.

En suma, y esperando ver la nueva Ley que envía el Ejecutivo al Congreso, los privados serían socios minoritarios del Estado y la propiedad de lo construido eventualmente se lo quedaría el Estado.

¿Habrá apetito de la iniciativa privada para entrarle a estas inversiones?

A escena entra el tema de la certidumbre jurídica.

Como en todo contrato, si existiera una desavenencia entre el socio privado minoritario y el gubernamental mayoritario, alguien tendría que arbitrar. No creo que ningún empresario vaya a aceptar que sea el Poder Judicial hoy controlado por el Gobierno. Todo mundo sabe que los jueces actuales le darían la razón inmediata, haciendo malabares argumentativos si fuera necesario, al Estado.

Tendría, entonces, que solicitarse un arbitraje imparcial ya sea en instancias internacionales o en bufetes y centros especializados en la mediación y resolución alternativa de controversias para conflictos contractuales.

En los “contratos mixtos” el Estado no puede ser juez y parte, sobre todo en estas épocas de la 4T donde tenemos un Estado gandalla, sin contrapesos, con un Poder Judicial controlado por el partido gobernante.

Aunque sí podría haber una excepción de empresarios interesados: Los amigos del Gobierno. Los que saben que siempre pueden arreglar sus diferencias sin tener que llegar a los juzgados.

Eso, creo, explica por qué se creará un “Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión” coordinado por la Presidenta que priorizará los proyectos, dará seguimiento y atención oportuna a cada uno de ellos, evaluará el avance financiero y, en palabras del secretario de Hacienda, resolverá lo que “está atorado, si le faltan recursos, falta alguna gestión”.

O sea, la mismísima jefa del Ejecutivo solucionará los posibles conflictos que surjan, incluyendo los relacionados con los socios privados que seguramente serán los mismos de siempre: Los sospechosos habituales del mexicanísimo capitalismo de cuates.

Leo Zuckermann

X: @leozuckermann