Persecución política

Los críticos, si se insiste en calificarlos como enemigos, son un enemigo pequeño el verdadero enemigo es la realidad”, María Amparo Casar, 10.12.2025.

El 3 de diciembre, al ser nombrada fiscal general, Ernestina Godoy declaró: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad”. Días después se dio a conocer que la FGR judicializó una investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCC), por su “probable intervención” en “el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.

El “uso ilícito de atribuciones y facultades” es un delito de servidores públicos. A Casar se le quiere aplicar un párrafo que habla de la responsabilidad de “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o contratación indebidos” de operaciones ilícitas, el cual se usa para castigar a contratistas que corrompen a funcionarios. Además de la acusación penal, Casar está enfrentando un procedimiento administrativo de Pemex, que busca cancelar la pensión por viudez y en el que Casar ha ganado ya dos instancias, y una demanda civil que reclama la “devolución” de 33 millones de pesos por la pensión cobrada y de 10 millones por becas de sus hijos, la mayor parte por acumulación de intereses.

El ex presidente López Obrador nunca ocultó su odio hacia Casar. En 111 ocasiones la atacó desde la mañanera, en 300 a MCCI. A ella la acusó de corrupción; a MCCI de ser una “organización opositora” por realizar investigaciones de corrupción de su régimen, aunque nunca protestó por las que hizo al gobierno de Peña Nieto. López Obrador ordenó, incluso, la publicación de información personal de Casar y su familia, en violación de la ley.

Las acusaciones contra Casar surgen de la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, el 7 de octubre de 2004. Por ese hecho ella percibió una pensión de viudez y sus hijos becas. Además, la empresa Generali le pagó un seguro de vida. López Obrador afirmaba que la muerte fue un suicidio por lo que los pagos no serían válidos.

Generali mandó a México a un investigador que determinó que el fallecimiento fue accidental y pagó la cantidad asegurada. El entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, dijo entonces: “Vamos a descartar que haya sido un crimen. La barda de la ventana era muy bajita. Nos dicen algunos testigos que él solía sentarse allí a fumar o a meditar. Pudo haber caído o también que haya tomado la decisión. Eso lamentablemente no lo vamos a saber porque él ya falleció. Es el único que podría decirlo”.

La investigación descartó un homicidio y citó a Victoria Martínez Ramírez, secretaria asistente, quien afirmó que el occiso “se sentaba en el filo de la ventana, que siempre tenía abierta, y se recargaba contra la estructura del inmueble, para fumar y en otras ocasiones abría la ventana y se sujetaba con una mano para asomarse hacia abajo”. Pese a las declaraciones del procurador, la carpeta se cerró con la conclusión de que el occiso “decidió privarse de la vida”.

López Obrador afirmó que Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, acudió a ver a Bátiz para cambiar la conclusión de la investigación. Ambos lo niegan, mientras que Bátiz ha dicho que no se acuerda, pero de haber ocurrido la visita habría quedado registrada en la bitácora de la procuraduría.

Cobrar una pensión es un derecho, válido o no, pero no un delito. Si algún funcionario de Pemex cometió un error al autorizarla hace 21 años, hay procedimientos administrativos para resolverlo. Que el Gobierno esté fincando a Casar acusaciones administrativas, civiles y penales sugiere una persecución política.

Analizan

La FGR señaló este 13 de diciembre que la investigación contra Casar se judicializó “en septiembre” y que ahora “analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho”. ¿Enmendarán la acusación?

www.sergiosarmiento.com