Tragedia del agua

JAQUE MATE

Cuando el pozo está seco, conocemos el valor real del agua”,

Benjamin Franklin.

Los bienes comunes se desperdician más que los de propiedad privada. El jefe de familia que se ducha rápidamente en su casa, para ahorrar agua que tiene que pagar, se queda media hora debajo del chorro en un club. La gente come más en un buffet que en un restaurante con servicio a la carta.

“Lo que es de todos no es de nadie”, dice la sabiduría popular, pero los economistas lo explican como “la tragedia de los comunes”. Las personas que tienen acceso a recursos comunes o colectivos buscan aprovecharlos lo más posible en su beneficio propio, lo cual hace que se agoten con más rapidez. Los recursos privados, en cambio, se administran para que duren y se renueven.

La nueva Ley de Aguas de este Gobierno es rica en demagogia y pobre en políticas públicas para generar un mejor uso y cuidado del líquido. Con el argumento de que el agua debe ser un “derecho humano” y no una “mercancía”, la legislación establece prácticas que aseguran que se desperdicie en lugar de cuidarse.

El problema surge desde la Constitución, que establece que la propiedad de todas las tierras y aguas “corresponde originalmente a la Nación”, o sea, al Gobierno. Se crea así la base de un monopolio gubernamental que puede entregar el uso del agua a quien quieran los políticos. En Estados Unidos, donde la propiedad privada es la base del sistema económico, como lo era en México con la Constitución liberal de 1857, el dueño de la tierra es propietario también del agua en el subsuelo. Hay mayores incentivos así para cuidarla.

La primera versión de la nueva Ley de Aguas concentraba todo el poder sobre las concesiones en la Conagua y restringía las transmisiones de derechos por herencia o por venta de predios. Ante las protestas de los agricultores, se han hecho algunos cambios, pero sigue siendo una iniciativa estatista. El Gobierno busca cerrar la puerta a la venta de concesiones de agua: Todo debe pasar por su monopolio. La propia presidenta Sheinbaum ha señalado que en ese tema no habrá ningún cambio: “Lo que tiene que ver con la transferencia de las concesiones de agua, hemos manifestado a la Cámara de Diputados que esa es la esencia de la ley, no puede cambiarse”.

El Gobierno está convirtiendo las concesiones en bienes de manos muertas, como aquellas que Benito Juárez y los liberales del siglo XIX combatieron. No entiende que el comercio es una fuerza liberadora que permite que los recursos se utilicen para los propósitos más productivos.

La iniciativa dice que el agua debe emplearse prioritariamente para el consumo humano a expensas del uso industrial. El propio Gobierno ha difundido la mentira de que las refresqueras utilizan gran parte del agua del País, pero en realidad sólo consumen 0.06%. Un 76.3% del agua se utiliza en la agricultura, el abastecimiento público representa el 14.4% y la industria autoabastecida solo el 4.3%. A esto hay que añadir un 4.2% para la generación eléctrica, sin contar la hidroeléctrica (Semarnat).

Entregar el control del agua a un Gobierno enfermo de ideología llevará a una mayor corrupción. Las concesiones se entregarán a los allegados al poder. Se habla ya de cerrarle la llave a la industria minera, lo cual generaría el colapso de una de las actividades más productivas de nuestro País.

El agua, como cualquier satisfactor, debe tener un precio razonable definido por la oferta y la demanda. Debe generar recursos para extraerla o captarla y tratarla antes y después de su uso. El sistema que impulsa este Gobierno parece hecho, en cambio, para facilitar la corrupción y para dejar al País sin agua. Es la tragedia de los comunes.

La fiscal

No sé si Ernestina Godoy será o no una buena fiscal. De lo que no hay duda es de que llega después de una ilegal renuncia forzada de su predecesor y tras un proceso de selección hecho para garantizarle que llegue al cargo.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com