Guerra contra vapeo

JAQUE MATE

Los que decían ser progresistas resultaron los más prohibicionistas. Sin evidencia científica y sin argumentos van a criminalizar toda actividad relacionada con los vapeadores”,

Éctor Jaime, médico y diputado del PAN.

Dijo la presidenta Sheinbaum el 5 de noviembre que “regresar a la guerra contra el narco no es opción. No sirvió de nada más que para aumentar el número de homicidios”. Estoy de acuerdo, pero su Gobierno está ahora a punto de empezar una nueva y ridícula guerra contra los vapeadores. Los diputados oficialistas aprobaron el 25 de noviembre el dictamen de una iniciativa del Ejecutivo que lanza una guerra contra el vapeo y establece penas de hasta ocho años de cárcel para quienes transporten, almacenen, distribuyan o vendan vapeadores.

Los legisladores de la 4T buscan quitarse la etiqueta de “prohibicionistas” al argumentar que no están prohibiendo el vapeo en sí, pero esto es una mentira. Quienquiera que tenga un dispositivo podrá ser acusado de transportarlo o almacenarlo.

La prohibición surge de una más de las ocurrencias del ex presidente López Obrador, quien emprendió una campaña contra el vapeo porque su hijo menor vapeó en un momento en Palacio Nacional. La ocurrencia, sin embargo, no tiene sentido. AMLO no pretendió prohibir los cigarrillos, habanos o tabaco para pipa, a pesar de que fumar tabaco es mucho más dañino. Además, la Suprema Corte determinó el 28 de junio de 2021 la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo de mariguana, sin importar los daños que pueda causar, porque consideró que la prohibición vulnera “el derecho fundamental del libre ejercicio de la personalidad”, en palabras de Arturo Zaldívar, hoy coordinador general de política y Gobierno de la Presidencia de la República.

Vapear no es inocuo, pero según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido es “una de las herramientas más eficaces para dejar de fumar”. De hecho, las autoridades británicas promueven el uso de vapeadores para combatir la adicción a la nicotina. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos señala, por su parte, que “el aerosol de los cigarrillos electrónicos contiene menos químicos dañinos para la salud que la mezcla mortal de siete mil químicos del humo de los cigarrillos”.

Tendría más sentido para la salud pública prohibir los cigarrillos y otros productos para fumar, pero los políticos de la 4T no quieren perder los votos de millones de fumadores. Sin embargo, en una sociedad liberal, que reconoce la capacidad del pueblo sabio para tomar sus propias decisiones, ninguna de estas prohibiciones debe existir. La responsabilidad de las autoridades de salud es, en todo caso, informar al público, sin exageraciones ni alarmismo, sobre los riesgos de salud. En un régimen libertario, como el que pregonaba López Obrador cuando decía que en su Gobierno estaba “Prohibido prohibir”, la proscripción del vapeo es una hipocresía.

Es falso, por supuesto, que el Estado mexicano haya puesto fin a la guerra contra las drogas. Este 11 de noviembre el secretario de seguridad Omar García Harfuch declaró que en los trece primeros meses de este Gobierno se detuvo a 37 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron casi 300 toneladas de droga, incluyendo 4 millones de pastillas de fentanilo, y se desmantelaron 1,614 laboratorios de metanfetaminas. La guerra contra las drogas no sólo continúa, sino que se ha endurecido.

Ahora, a esa guerra contra las drogas que el Gobierno no quiso frenar ni siquiera con la mariguana pese al rechazo de la Suprema Corte a su prohibición, habrá que añadir la guerra contra los vapeadores.

Cosa juzgada

La decisión de la Suprema Corte de revertir una decisión anterior y atraer un juicio fiscal por 2,868 millones de pesos de Femsa genera una enorme incertidumbre. Se está reviviendo, a petición del Gobierno, un asunto ya juzgado. Esto elimina el principio jurídico de “cosa juzgada” y borra cualquier certeza en las decisiones judiciales.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com