Amparo y justicia

JAQUE MATE

Cuando el amparo se debilita, no se empodera al gobierno: se desnuda al ciudadano.

José Mario de la Garza

Dice la presidenta Sheinbaum que la reforma a la Ley de Amparo solo busca “hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita” y “evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados”. La verdad es muy distinta. Los cambios no pretenden otra cosa que debilitar el amparo para favorecer al Gobierno y desamparar a los gobernados.

El propósito fundamental de esta reforma es prohibir las suspensiones en asuntos fiscales o de congelamiento de cuentas bancarias; pero, sin las suspensiones, el amparo se vuelve un simple adorno. Una autoridad podrá cobrar lo que quiera de impuestos o congelar las cuentas de una persona o empresa de manera ilegal sin que la víctima pueda hacer nada. Después de años de un juicio quizá le devuelvan lo indebidamente confiscado, pero ya para entonces la autoridad habrá logrado destruirla. Eliminar las suspensiones, además, abre las puertas a la extorsión del contribuyente o del ahorrador por la autoridad.

La iniciativa también restringe quién puede solicitar un amparo. El artículo quinto debilita los criterios que permiten a una persona reclamar el “interés legítimo” para promover un juicio de amparo. Se limita, en particular, la posibilidad de que un colectivo o una persona afectada indirectamente pueda utilizar este recurso. Así, los juicios de colectivos que exigían que el gobierno proporcionara medicamentos oncológicos pediátricos a los niños con cáncer no serán ya posibles. Solo un padre con un hijo enfermo podrá promoverlos ahora. Además, una enmienda previa del “humanista” presidente López Obrador ha impedido que las suspensiones tengan “efectos generales”. Si antes los amparos para obligar al gobierno a dar medicamentos a los niños favorecían a todos los que estuvieran en la misma situación, ahora solo se aplican a los menores cuyos padres hayan promovido un amparo.

La presidenta y su equipo de propaganda sostienen que estas enmiendas solo afectan a los “potentados”, pero la verdad es muy distinta. La abrumadora mayoría de los niños con cáncer no son potentados, tampoco los grupos que promovieron amparos contra el Tren Maya por el daño que este ha ocasionado al ambiente en la península de Yucatán. Es falso que solo los grandes empresarios sean afectados por decisiones del SAT o de la UIF. Mario Di Costanzo ha señalado que “son 196 mil” los contribuyentes --profesionistas, comerciantes, pequeños y medianos--, los que “tienen litigios con el SAT”. El resultado de esta reforma será “más terrorismo fiscal”.

La enmienda, efectivamente, establece medidas para digitalizar los juicios. Para lograrlo, sin embargo, no es necesario restringir el interés legítimo en los juicios de amparo, ni eliminar las suspensiones en casos fiscales o de congelamiento de cuentas. El Gobierno se queja de que los tribunales han descongelado alrededor de la mitad de las cuentas congeladas por la UIF, pero no dice que la razón es que esas órdenes se dieron sin apego a la ley. La otra mitad sí han procedido, cuando la autoridad ha demostrado que ha cumplido con los requisitos legales para congelar las cuentas. El Gobierno quiere, sin embargo, que nadie pueda defenderse del congelamiento de sus cuentas, aunque la acción se ordene en violación a la ley.

José Mario de la Garza, abogado, presidente de Perteneces A.C., ha escrito: “Cuando el amparo se debilita, no se empodera al gobierno: se desnuda al ciudadano. Sin suspensión, sin acceso, sin eficacia, la ley se vuelve un muro y ya no un puente. Defender el amparo no es defender un procedimiento, es defender la idea misma de que nadie -ni siquiera el Estado-está por encima de la justicia”.

La ley

No nos dejemos engañar. La reforma a la Ley de Amparo no busca una justicia más expedita, sino quedar bien con el presidente que advirtió a los juzgadores: “Y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley”.

Sergio Sarmiento

@SergioSarmiento

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