Ley retroactiva
Dice la presidenta Sheinbaum que México es “el país más democrático sobre la faz de la tierra”, pero en los países democráticos no se legisla como aquí.

JAQUE MATE
El espíritu del amparo es proteger a las personas frente al poder del Estado. Esta reforma fortalece al poderoso y debilita a los vulnerables”,
Luis Donaldo Colosio Riojas.
Dice la presidenta Sheinbaum que México es “el país más democrático sobre la faz de la tierra”, pero en los países democráticos no se legisla como aquí. El Gobierno busca hoy debilitar la Ley de Amparo, una medida regresiva, pero además con prisas, errores y sin considerar las opiniones de los juristas o la oposición.
En la madrugada de este 2 de octubre, la mayoría oficialista aprobó por la vía rápida la iniciativa presidencial de reforma de la Ley de Amparo. No sólo no se llevó a cabo el parlamento abierto que prometió el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, sino que todo el proceso se hizo de manera desaseada, como en un régimen autoritario.
Apenas el miércoles 1 de octubre se dictaminó la iniciativa en las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos. Lo habitual es que los dictámenes se publiquen por lo menos 24 horas antes de pasar al pleno, pero la presidenta de la mesa directiva, la morenista Laura Itzel Castillo, pidió una “votación económica”, esto es, a mano alzada, para “dispensar el requisito de la publicación de 24 horas” y proceder a la discusión y votación.
No sólo se saltaron el trámite, sino que a una iniciativa ya cuestionable le hicieron una burrada de cambio. El artículo tercero transitorio original decía: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”. Con el cambio, quedó: “Conforme a las disposiciones que establece este Decreto”. Así, la nueva ley se aplicaría de manera retroactiva violando el artículo 14 de la Constitución que dice: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
La propia Presidenta se asombró ayer en la mañanera de la barbaridad aprobada por sus senadores. La iniciativa inicial, dijo, “no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes. No puede haber retroactividad y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio”.
¿Por qué? Por las prisas porque querían quedar bien con la señora Presidenta, por ignorancia, por arrogancia. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, siempre deseoso de quedar bien con Palacio Nacional, tuvo que salir ayer mismo a declarar: “El transitorio debería decir que en el caso de los juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando, precisamente para que no se aplique retroactivamente la ley en perjuicio de las personas que están intentando por la vía jurisdiccional algún medio de defensa”. Lo mismo señalaron los senadores de la oposición, pero en ese momento la línea era aprobar la retroactividad en fast track.
Por lo pronto, las prisas se reflejarán en un retraso en el golpe al derecho de amparo. Si los diputados modifican el transitorio inconstitucional, la iniciativa tendrá que regresar al Senado. Lo relevante, sin embargo, es que el episodio nos demuestra que, en “el país más democrático sobre la faz de la Tierra”, los senadores simplemente levantan el dedo sin escuchar a la oposición ni a los expertos.
Regresiva
Aun sin el error garrafal de la retroactividad, la nueva Ley de Amparo es regresiva porque debilita derechos ya reconocidos. Limita a quienes tienen el “interés legítimo” de promover un amparo, elimina las suspensiones provisionales en casos fiscales o de congelamiento de cuentas bancarias, y restringe las definitivas. Da más poderes al Estado y debilita los derechos de las personas. Viola así el principio de progresividad del artículo primero de la Constitución.
Sergio Sarmiento
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