Adán Augusto

JAQUE MATE

A todo santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo”,

Adán Augusto López Hernández, 26.09.2025.

Es el Gobierno de los machuchones. Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, secretario de Gobernación con López Obrador y Gobernador de Tabasco también por obra y gracia de Andrés Manuel, reconoció, después de que lo informó N+, que recibió 79 millones de pesos en ingresos sólo en 2023 y 2024: “No es ningún delito que hubiese recibido cuentas de ninguna empresa -dijo-. No actué de manera dolosa. Desde luego no hay ningún conflicto de interés. A mí me pagaron por servicios profesionales, personas físicas o personas morales. No tengo por qué avergonzarme. Son ingresos lícitos que forman parte de mi actividad profesional”.

Si bien declaró estos ingresos al SAT, no aparecen en sus declaraciones patrimoniales como servidor público del 13 de octubre de 2024 ó 17 de mayo de 2025. Además, los pagos por impuesto sobre la renta no coinciden con los ingresos. En 2023 declaró 22.6 millones de ingresos, pero pagó únicamente 158,900 pesos por impuesto sobre la renta como persona física, 0.7%. En 2024 sus ingresos ascendieron a 56 millones, pero su declaración ante el SAT considera sólo un pago de ISR por un millón 799 mil pesos, 3.2%. Para ese nivel de ingresos la ley ordena pagar 35% después de deducciones.

Mucho repetía el ex presidente López Obrador la frase “No somos iguales”; también que su Gobierno se caracterizaría por la “austeridad republicana”, que después cambió a “pobreza franciscana”. La corrupción de su Gobierno, sin embargo, parece más extensa y profunda que la de los anteriores. El número de políticos que hacen gala de una riqueza inexplicable es cada vez mayor.

López Hernández no es un funcionario menor. Ha sido uno de los colaboradores más importantes de la Cuarta Transformación. Por eso ha sido tan importante la divulgación de que su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, era líder de una organización criminal. También ha afectado al régimen que se haya revelado que recibió millones de pesos de empresas por “servicios legales” mientras ocupaba cargos públicos. Estos pagos sí representan un conflicto de interés.

Se ha hecho costumbre que los gobiernos de la Cuarta Transformación den un trato preferencial a sus aliados. “Nada ni nadie por encima de la ley”, dijo la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum; también López Obrador repetía esta frase. Sin embargo, cuando se registró el desfalco de Segalmex, por 12 mil millones de pesos, el Presidente exoneró en automático al director Ignacio Ovalle, quien después de ser secretario de la Presidencia con Luis Echeverría fue mentor de López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista bajo José López Portillo. AMLO afirmó que los subalternos habían engañado a Ovalle y lo nombró a otro cargo público para protegerlo. Igual hizo con Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. Bajo su mando se registró el incendio del centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez del 27 de marzo de 2023 en el cual murieron cuando menos 40. López Obrador lo sostuvo en el cargo pese a que salieron a la luz prácticas de corrupción y abuso. El caso se saldó este 26 de septiembre con una simple disculpa pública de Garduño.

Adán Augusto no será siquiera investigado. La 4T está dominada por una mafia de poder compuesta por machuchones enriquecidos al amparo del Gobierno y funcionarios que permiten la operación del crimen organizado. Todos están por encima de la ley.

Apagón

El 11 de enero de 2024 López Obrador declaró: “No hay riesgo de apagones”. Este 26 de septiembre se registró un nuevo apagón en la península de Yucatán debido “a una falla en una línea de transmisión de electricidad”. Manuel Bartlett canceló la construcción de una línea de transmisión a la península en 2019. Su CFE invirtió en generación, pero descuidó la transmisión.

Sergio Sarmiento

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