Cerro de La Campana
En San Lázaro, hay otra reforma que ha encendido las alarmas del sector privado y se refiere a la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque las recientes lluvias son un alivio para el suelo sonorense y han dejado sus beneficios en ríos y presas de la entidad, el efecto “Narda” también ocasionó inundaciones en colonias y deslaves en algunos municipios.
La tormenta tropical pegó en varios puntos de Sonora lo que afectó en la crecida de arroyos y lluvias extraordinarias y fuertes vientos que generaron cierres carreteros de varias horas en zonas como el Río Sonora y otras interrupciones al tráfico vehicular en los tramos Ímuris-Cananea, en el Río Sonora, Ímuris a Magdalena y Arizpe-Cananea.
Ante este fin de semana de precipitaciones fuertes y rachas de viento, las autoridades municipales, estatales y federales trabajan en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil para atender a las zonas afectadas. En la región Norte se reportaron acumulados de más de 70 milímetros.
Tras la dura sequía que se ha presentado durante este año y que ha afectado a varias regiones de Sonora, estas precipitaciones extraordinarias de estos últimos días son una buena noticia, principalmente para el sector agropecuario.
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En San Lázaro, hay otra reforma que ha encendido las alarmas del sector privado y se refiere a la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La coincidencia de agentes aduanales, cámaras empresariales e importadores es que la iniciativa, más que modernizar, amenaza con paralizar el comercio y eso afecta a todos, desde todos los involucrados en materia aduanal hasta los consumidores finales.
Lo que Ignacio Zaragoza, de la Confederación de Asociaciones y Agentes Aduanales de la República Mexicana, les dijo a los diputados de la Comisión de Hacienda, es que el proyecto pretende convertir a los agentes aduanales en “policías del comercio exterior”, responsables de delitos que hoy dependen también de autoridades aduaneras. Su ejemplo fue contundente, una bolsa con polvo blanco que podría ser azúcar o una sustancia prohibida y los cuestionó: “¿De verdad le toca al agente decidirlo?”.
Otra voz es la de Arturo Pérez Behr, quien recordó que el “huachicol fiscal” no habría prosperado sin la complicidad de funcionarios públicos, ausentes en esta reforma. Hay molestia pues consideran que la propuesta, además, afecta principios jurídicos básicos, pues permitiría suspender agentes sólo con una investigación abierta, vulnerando la presunción de inocencia.
También Eduardo Díaz Gavito, de la Cámara de Comercio Internacional, señaló que inmovilizar recursos por un año y elevar multas hasta 300% no inhibirá al contrabando, pero sí encarecerá los negocios legales.
Ahora a quienes se pronunciaron contra esta reforma sólo les queda confiar en lo dicho por Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, quien prometió escuchar a los inconformes.
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Un nuevo encuentro hubo entre el Gobierno estatal y las autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis para revisar los avances en el compromiso para la restitución de derechos y el cumplimiento a las demandas de la etnia.
En esa reunión para dar seguimiento al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en representación del gobernador Alfonso Durazo participó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar y también estuvieron los representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como del IMSS-Bienestar.
Entre las acciones que se analizaron están el Distrito de Riego 018, el Acueducto Yaqui y el reconocimiento de derechos sobre el agua superficial; la programación del ciclo agrícola, el derecho de vía de la Autopista Internacional No. 15, además de la consolidación de la colaboración entre el IMSS-Bienestar y la Universidad del Pueblo Yaqui.