Corrupción y seguridad nacional

Ana María Salazar

En el 2016, el secretario de Estado, John Kerry, aseguró en una conferencia mundial en Londres, para el combate a la corrupción y la defensa de las democracias: “La corrupción no sólo impacta la credibilidad del Estado dificultando la gobernabilidad del país, sino permite que los peores elementos de una nación, los violentos, florezcan, y destruyendo las débiles democracias”.

Por el impacto que ha tenido la corrupción en la credibilidad y las capacidades de las instituciones democráticas y la clase política en el País además de la captura de los estados locales por organizaciones criminales, gracias a la corrupción e intimidación, esta realidad podría traducirse en ingobernabilidad.

Pero si le adicionamos la preocupante información que se ha filtrado las últimas tres semanas sobre el involucramiento de las fuerzas armadas, organismo de inteligencia y la clase política en el crimen del huachicol fiscal y vínculos con organizaciones criminales, llegó el momento de considerar la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional.

Hace más de 20 años, cuando publiqué mi primer libro “Seguridad Nacional Hoy: El Retos a las Democracias” en el capítulo sobre amenazas no incluí el problema de corrupción como un tema de seguridad nacional. Porque hacerlo implicaría reconocer que se necesitarían los recursos que caen bajo el ámbito de seguridad nacional -como las fuerzas armadas y las corporaciones de inteligencia- para enfrentar este problema. Además, la mayoría de los analistas asegurábamos que la mejor forma de resolver la corrupción sería mediante la transparencia del funcionamiento del Gobierno, libertad de expresión, medios de comunicación, leyes de transparencia, supervisión de la sociedad civil, un sistema de justicia administrativa y penal que garantizaba la persecución de funcionarios corruptos. Pero lo más importante para controlar la corrupción (por lo menos así pensábamos los analistas de antaño) es la competencia política que debería resultar en la elección de candidatos y nombramiento de funcionarios menos corruptos.

Pero de la teoría anticorrupción no aplica a la Cuarta Transformación.

Desde rindió protesta Andrés Manuel López Obrador en el 2018, tomó los pasos para desmantelar los pesos y contrapesos que requiere toda democracia para proteger el País de gobiernos autoritarios y corruptos. De las decisiones que tomó el Presidente durante sus seis años de Gobierno, lo hemos analizado en este espacio a detalle. Para este espacio quiero enfocarme en aquellas decisiones que tendrían un impacto catastrófico en las capacidades y credibilidad de las instituciones más importantes para el Estado mexicano: Ordenó que en las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia se responsabilizaran en actividades que tradicionalmente caen en el ámbito civil, pero también son actividades donde se facilita la corrupción: Seguridad pública, construcción, compra de equipos y servicios. Y aunque aseguró que se acelerara la construcción de sus cuestionados proyectos emblemáticos (Refinería Dos Bocas, Aeropuerto AIFA, Tren Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec) además de que la Secretaria de la Defensa asumiera la responsabilidad de la Guardia Nacional, y la Secretaría de la Marina las aduanas y varios aeropuertos en el País, AMLO no acompañó estas decisiones con procesos internos para reducir la corrupción. Al contrario, aseguró la corrupción en estas obras por el simple hecho de prohibir, sin razón alguna, que los contratos se resguardaran por razones, pero, desafortunadamente para la seguridad nacional del País, parece que el ex presidente López Obrador hizo todo lo posible para asegurar que la corrupción no sólo floreciera sino que infiltrara las fuerzas armadas: No sólo promovió que el Ejercito y la Marina se involucraran en actividades que tradicionalmente caen en el ámbito civil, pero también son actividades donde se facilita la corrupción: Construcción, compra de equipos y servicios. Pero, además, ordenó López Obrador que la información y la contratación se resguardaría por razones de seguridad nacional además de exigir la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El caldo de cultivo perfecto para asegurar la corrupción y el debilitamiento de las fuerzas armadas.

Y se confirma la preocupación que expresamos los analistas desde hace años de lo que representaba esta estrategia de López Obrador: En las últimas tres semanas inicia la filtración de información de familiares involucrados en el huachicol fiscal y (posiblemente) tráfico de drogas en la mayoría de los puertos del País. Hay que estar en la espera de que información surgirá de personal del Ejército y de la Fuerza Aérea, ya sea a título personal, o presionado por el ex Ejecutivo, participaron en actos de corrupción masiva.

Soluciones la hay: Transparencia, procesos internos-incluyendo contrainteligencia, investigación y castigos. Pero este tema lo abordaremos la semana que entra.