Caso Iguala

JAQUE MATE

La misma magnitud del crimen es la mejor excusa para no hacer nada”,

Hannah Arendt, “Reflections on Violence”.

Se cumplen once años del “caso Iguala”. La noche del 26 de septiembre de 2014 policías municipales de Iguala detuvieron y agredieron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que llegaron a bordo de autobuses robados. Atacaron también a los Avispones de Chilpancingo, un equipo de futbol de tercera división, porque los confundieron con normalistas.

El Gobierno municipal de José Luis Abarca mandó a sus policías a detener a los normalistas porque decía que querían irrumpir en un evento que encabezaba su esposa, María de los Ángeles Pineda, el cual en realidad ya había terminado cuando llegaron los normalistas. Si bien en un principio sólo hubo la intención de detenerlos, a partir de un momento los policías empezaron a disparar contra ellos.

Las órdenes para secuestrar y asesinar a los normalistas vinieron de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, que decían que los estudiantes eran miembros de Los Rojos, una banda rival. Lo comprueban unos mensajes de Blackberry revelados en un juicio en Chicago. Los estudiantes detenidos fueron entregados a policías municipales de Cocula y Huitzuco, y por lo menos algunos fueron trasladados a Cocula, donde fueron ejecutados y quemados en el basurero municipal. El sacerdote Alejandro Solalinde declaró en entrevistas que un testigo le dijo: “A algunos los quemaron vivos”. Cuando menos seis personas fueron asesinadas esa noche en Iguala. A 43 normalistas se les declaró víctimas de desaparición forzada. Dos normalistas asesinados han sido identificados por pruebas genéticas.

El 27 de enero de 2015 el procurador Jesús Murillo Káram, junto con Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación, anunció. “Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida y arrojados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”. El movimiento Ayotzinapa, un grupo político, rechazó la conclusión, porque, dijeron, “Fue el Estado”.

La CNDH de Luis Raúl González Pérez llevó a cabo una detallada investigación bajo la dirección de José T. Larrieta Carrasco. La recomendación 15 VG/2018, de 2,177 páginas, señaló deficiencias en las pesquisas, pero ratificó que en el basurero de Cocula sí “fueron incinerados los cadáveres de un grupo de hasta 19 normalistas” (p. 992). Ofreció varias recomendaciones, entre ellas que se envíen 114 restos óseos hallados en Cocula y el río San Juan a examen genético para determinar si pertenecen a los normalistas.

López Obrador nombró a nuevos investigadores, aceptó teóricamente que “Fue el Estado”, pero no dejó que el movimiento Ayotzinapa realizara una cacería de brujas en el Ejército. Su fiscal especial, Omar Gómez Trejo, permitió la liberación de decenas de asesinos confesos, que argumentaban haber sido torturados, y los convirtió en “testigos colaboradores”. Concentró su trabajo no en los responsables del crimen, sino en quienes lo investigaron, Murillo Karam y Zerón. Las pruebas, sin embargo, han obligado a regresar a la hipótesis original. La FGR ha detenido nuevamente a algunos asesinos confesos, como Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, pero no ha querido mandar los restos a un análisis genético.

El caso Iguala pudo haber sido resuelto, pero el Gobierno no quiso. El Estado no ordenó el crimen, pero algunos servidores públicos sí incurrieron en faltas. López Obrador quiso manipular el caso y sólo lo enredó. La recomendación 15 VG/2018 sigue siendo lectura obligada.

Normalistas

Los normalistas de Ayotzinapa atacaron y vandalizaron ayer el Campo Militar 1A en Naucalpan. No hubo respuesta del ejército. Hoy marcharán sobre Paseo de la Reforma. Comercios y edificios públicos han sido resguardados con vallas.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com