Des-amparados

El control de constitucionalidad nació para limitar el poder y garantizar derechos, no para fortalecer a quienes lo detentan”,

Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte.

Arturo Zaldívar, coordinador general de política y Gobierno de la Presidencia, salió el viernes pasado a defender las reformas a la Ley de Amparo. Se entiende, se le atribuye su redacción.

En la mañanera del 19 de septiembre declaró: “Hay que aclarar porque se está reiterando una narrativa de que ‘esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos’. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital”. ¿Más ágil y eficaz? Quizá para el Gobierno, no para los gobernados.

Es mentira, dijo, que se esté “limitando el amparo porque se está modificando el interés legítimo”. Lo único que hace la reforma es “describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Suprema Corte”. Sin embargo, el artículo quinto de la reforma sí limita el “interés legítimo”. La ley vigente señala que “la persona quejosa” podrá alegar “que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”. La afectación puede ser directa o indirecta. La nueva redacción dice que “la norma, acto u omisión deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas”. Si el Gobierno te despoja directamente de tu tierra para construir el Tren Maya, podrás promover un amparo, pero si vives en Cancún y argumentas que la obra está afectando la ecología de la selva maya no te podrás amparar.

La reforma busca también declarar la improcedencia de las suspensiones “por lesión del interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa”. Efectivamente, no permitirá las suspensiones cuando el Gobierno afirme que afectan a la sociedad. En los “considerandos”, la iniciativa se queja de que los tribunales han desbloqueado con suspensiones provisionales o definitivas cuentas por 27 mil millones de pesos que representan 54.4% de los montos bloqueados inicialmente y con ejecutorias de amparos 32 mil millones de pesos que representan 64.9% de lo bloqueado. No dice es que esas cuentas fueron liberadas porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las congeló indebidamente. Una jurisprudencia unánime de la Suprema Corte (tesis 2ª./J 87/2019 10ª, mayo 2019) ha señalado que estos bloqueos sólo pueden realizarse “en el cumplimiento de una obligación contraída con un Gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental”. La UIF, sin embargo, congela sin cumplir la ley.

En su libro Hacia una nueva ley de amparo de 2002 Zaldívar argumentaba que “lo reducido del concepto del interés jurídico no se compadece con las exigencias de una sociedad moderna. Es necesario que el amparo tutele los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados, aunque no se afecte un derecho subjetivo”. Por eso propuso “el establecimiento del interés legítimo” (p. 55). Sin embargo, el otrora académico progresista se ha vuelto político conservador. Violando el principio de progresividad de la Constitución, impulsa una iniciativa regresiva que dejaría la posibilidad de amparo sólo a quienes tienen un estrecho interés jurídico. Quiere también que los gobernados quedemos indefensos ante el SAT y la UIF. No es uno, sino varios pasos hacia atrás.

Julieta

La entrevisté muchas veces. En radio la designé “nuestra corresponsal de los cielos”. Julieta Fierro supo traducir lo que sucedía en el espacio a un público amplio. Era, además, una mujer encantadora y alegre. La recordaré siempre con cariño y admiración.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com