Debilitar el amparo

JAQUE MATE

“El juicio de amparo ha sido la institución jurídica más importante de nuestro País, de la cual legítimamente nos hemos sentido orgullosos los mexicanos”.

ARTURO ZALDÍVAR, 2002

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la campaña, heredada de López Obrador, para debilitar el juicio de amparo. La nueva iniciativa de reforma tiene ese claro propósito. El amparo ha sido hasta ahora la principal arma de los mexicanos para combatir los abusos de la autoridad. Por eso preocupa tanto este debilitamiento.

AMLO comenzó la ofensiva con el decreto del 14 de junio de 2024 que eliminó las suspensiones sobre normas generales. Los jueces no pueden ya otorgar suspensiones en juicios de amparo contra normas que violen los derechos constitucionales. Además, reformó el artículo 149 de la Ley de Amparo para que en juicios sobre la constitucionalidad de las leyes los jueces no puedan emitir suspensiones generales. En otras palabras, solo quienes hayan promovido los amparos se verán beneficiados. Es una medida discriminatoria que deja sin defensa a los millones que no promueven estos juicios.

En octubre de 2024 el régimen impuso la reforma de “supremacía constitucional” según la cual ninguna reforma a la Constitución podrá ser declarada inconstitucional. Cualquier adición a la Constitución será inatacable, aunque viole las garantías individuales, como fue el caso de las leyes de Nuremberg de Hitler de 1935 que despojaban de la ciudadanía alemana y de todos sus derechos a los judíos. Si el régimen dicta nuevas normas constitucionales que violen los derechos individuales, los gobernados ya no podremos defendernos con el amparo.

La nueva iniciativa de la presidenta Sheinbaum que está en el Senado debilitaría aún más el amparo. Volvería más difícil obtener el reconocimiento de persona con “interés legítimo” para promover un juicio. Esto obstaculizaría la defensa de los derechos de personas o comunidades afectadas indirectamente por obras gubernamentales, como el Tren Maya. En asuntos fiscales o en casos de congelamiento de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera, no se permitirían las suspensiones. El gobierno podría congelar discrecionalmente las cuentas de personas o empresas sin que los afectados pudieran obtener suspensiones. Al final se determinaría la legalidad de la acción, pero como me ha dicho Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “el amparo sin suspensión no es más que una ficción”.

Juristas como Arturo Zaldívar, quien de ser investigador del IIJ pasó a ministro y presidente de la Corte y ahora a funcionario gubernamental, defendieron en la transición democrática la importancia de contar con un amparo fuerte que defendiera los derechos de los gobernados. Hoy, Zaldívar se ha vuelto aliado de la campaña contra el amparo. En su libro de 2002 Hacia una nueva Ley de Amparo ofrecía una propuesta para una nueva legislación, pero más garantista. Algunos de los avances que proponía se lograron, como en la reforma de 2011, que aceptó los derechos reconocidos en los tratados internacionales firmados por México.

En el prolongado régimen de partido hegemónico del siglo XX, escribía Zaldívar, el juicio de amparo “quedó rezagado incluso en relación con sistemas que originalmente recibieron influencia del amparo mexicano. Los afectados son la inmensa mayoría de los mexicanos. Y lo que es más grave, dejó de proteger cabalmente los derechos fundamentales de los particulares. Los únicos beneficiados con este orden de cosas han sido las autoridades y la vanidad de algunos profesores de amparo”. Dos décadas después Zaldívar está ayudando a debilitar el amparo.

¿CUÁNDO SUPO?

Según la presidenta Sheinbaum, AMLO pidió al gobierno de Tabasco, en el gobierno de Carlos Merino, destituir a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad. Preguntas: ¿Cuándo se enteró de los ilícitos de Bermúdez? ¿Por qué solo actuaron contra él en 2025?