El vicealmirante

Las políticas económicas deben ser analizadas en términos de los incentivos que crean y no de las esperanzas que las produjeron”,

Thomas Sowell.

Una de las grandes objeciones al uso de las fuerzas armadas como policías ha sido el peligro de que se corrompan. Muy sonado fue el caso del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo: Nombrado titular del Instituto Nacional del Combate a las Drogas en 1996, pero detenido en 1997 y procesado por presuntos vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. Hoy tenemos el del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, aprehendido el 2 de septiembre por su supuesta participación en una red de “huachicol fiscal”.

El secretario de seguridad Omar García Harfuch señaló ayer que han sido detenidos tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco ex funcionarios de aduanas. Las acciones fueron, como anunció previamente, “resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas”. El 29 de marzo reportó un decomiso de 10 millones de litros en Altamira, en un predio de una empresa privada de fletes, y también el de un buque cisterna en el puerto de Tampico procedente de Texas. La empresa que realizó la importación afirmó que el producto era legal y que se trataba de 17,459 toneladas de “aditivo para aceite lubricante”.

Las investigaciones llevaron a otras operaciones policiales. El 29 de junio se aseguraron en Saltillo 2 millones de litros de hidrocarburos y fueron aprehendidas 11 personas. El 8 de julio se decomisaron 15.4 millones de litros en dos operativos, en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, y se incautaron 129 ferrotanques. En los últimos días se realizaron las detenciones que se detallaron ayer.

Farías Laguna, el vicealmirante detenido, es sobrino político del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina en el Gobierno de López Obrador. Ocupó la comandancia de la duodécima zona naval, en Puerto Vallarta, pero fue removido en enero sin que se señalaran las razones.

Violar la ley nunca es aceptable, especialmente para quienes están encargados de hacerla cumplir. Sin embargo, es importante conocer las razones que han llevado al auge del huachicol fiscal, distinto de la ordeña de ductos. El ex presidente López Obrador presumió el 12 de julio de 2022 en la Casa Blanca, ante el ex presidente Joe Biden, que la gasolina era más barata en México que en Estados Unidos, lo cual era cierto en ese momento, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon; Hacienda dedicó 397,300 millones de pesos para subsidiar la gasolina sólo en 2022. Sin embargo, hoy la gasolina regular es 76% más cara en México que en Texas, de donde importamos la mayor parte y de donde viene el huachicol. El precio de ayer en Texas era de 2.751 dólares por galón (gasprices.aaa.com), 13.60 pesos por litro. En México el control de precios ha establecido un nivel máximo para la Magna de 24 pesos. Mientras exista este enorme diferencial habrá un incentivo para traer gasolina de Estados Unidos.

Es positivo que las autoridades mexicanas hayan abandonado la filosofía de repartir abrazos a los delincuentes. Nuestras policías, hoy preponderantemente soldados y marinos, deben salir siempre “con el cuento de que la ley es la ley”. El tema de fondo, sin embargo, es que el diferencial de precios de la gasolina genera contrabando.

Si el vicealmirante Farías se corrompió, debe ser castigado. Pero no olvidemos que el incentivo del crimen lo produce nuestro propio Gobierno al robar a los mexicanos más de 10 pesos por cada litro de gasolina.

Impuestos

La presidenta Sheinbaum dice que no habrá aumentos de impuestos, pero el paquete fiscal viene al parecer con un alza del IEPS a las bebidas azucaradas. Este gravamen afecta principalmente a los más pobres y no ha mostrado beneficios para la salud como se pretendía. Mejorar la alimentación es un problema de educación, no de impuestos.

Sergio Sarmiento

www.sergiosarmiento.com