Castigar al inocente

“Cuando alguien acusa, verifica que no sea el culpable”.

Piers Anthony

“No soy una nota de periódico, una ficha de búsqueda ni una coyuntura política. Soy una persona de carne y hueso con una historia de integridad”. Esto lo señala en un texto Nabor Medina Garza, ejecutivo de Banca Afirme al que se le ha detenido y dictado prisión preventiva por presuntamente haber “retenido” 123 millones de pesos del gobierno de Baja California.

Medina Garza fue aprehendido el 3 de julio en Mexicali en un operativo “de la Agencia Estatal de Investigación., sin mostrar órdenes de aprehensión, en un aparatoso dispositivo con uso de armas largas”. Sería, quizá, una acción justificada para un capo del narco, aunque ni siquiera así es aceptable no presentar una orden judicial. La aprehensión es desproporcionada cuando se aplica a un ejecutivo bancario por hacer su trabajo.

El dinero en cuestión está depositado en un fideicomiso creado en Banco Afirme por el ex gobernador Javier Bonilla, muy cercano a López Obrador, para construir una planta fotovoltaica, Next Energy, que proporcionaría electricidad al acueducto Río Colorado-Tijuana. Sin embargo, nunca se obtuvieron los permisos necesarios ni se iniciaron las obras, aunque Bonilla sí hizo una muy publicitada ceremonia de colocación de la primera piedra el 15 de junio de 2021.

Construir una planta fotovoltaica para dar electricidad a un acueducto que requiere gran capacidad de bombeo parece un proyecto sensato, aunque no conozco los detalles. Este fue, sin embargo, uno de los muchos que propuso Bonilla y no concluyó en su mandato de dos años, de 2019 y 2021, que quiso ampliar a cinco con una enmienda a la legislación local que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Los 123 millones de pesos por los que se acusa a Nabor Medina Garza, y a un compañero ejecutivo bancario, David Alejandro Rodríguez Jacobo, están depositados en un fideicomiso para este proyecto.

Una vez más, los verdaderos culpables se evaden a la justicia mientras que quienes hacen su trabajo son encarcelados. La sucesora de Bonilla, María del Pilar Ávila, presentó una denuncia contra Bonilla y otros funcionarios por un presunto peculado por 12 mil millones de pesos por este proyecto, pero Bonilla regresó al Senado para protegerse con el fuero. Si bien terminó su período como senador el 31 de agosto del año pasado, a él no se le ha detenido.

Aprehender en cambio a los funcionarios bancarios que establecieron el fideicomiso es una injusticia. Un fideicomiso es un contrato por el que un fideicomitente transfiere la propiedad de unos bienes o derechos a un fiduciario para administrarlos y destinarlos a un propósito específico. Si el fideicomitente, el Gobierno de Baja California, no cumplió, y ni siquiera obtuvo los permisos necesarios, no es culpa del fiduciario y muchos menos de los ejecutivos de la institución en que se depositó el dinero. Si el ex gobernador Bonilla cometió algún ilícito, o simplemente se dejó llevar por su desorganizada forma de trabajar, es él quien debe ser castigado, no los empleados del fiduciario, que por ley no puede devolver los fondos sin una orden de un juez.

Nabor Medina Garza no huyó. Estableció su domicilio “en Mexicali, Baja California, para enfrentar este proceso y ejercer mi derecho a ser oído en juicio y estar a disposición de las autoridades”. Sin embargo, se le aprehendió con exceso de fuerza y se le ha dictado prisión preventiva: Se le está castigando antes de ser juzgado. Mientras tanto, el verdadero responsable, Bonilla, sigue en libertad y viviendo en San Diego. Lo protege su amistad con López Obrador, a quien en 2016 llevó a la Serie Mundial.

HUACHICOL

Ahora aseguraron en Coahuila 15 millones de litros de huachicol y 129 carrotanques. “Es el aseguramiento más grande en la presente administración”, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero ¿no había ya AMLO acabado con el huachicol?