El extra. ordinario

“La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra”.

JIMMY JOHNSON

Se supone que un período extraordinario de sesiones del Congreso debería ser extraordinario. Su propósito es resolver cuestiones puntuales y urgentes que no pueden dejarse para el siguiente ordinario. Por eso los extraordinarios son breves, con agendas concretas, dictámenes ya preparados e incluso con acuerdos previos entre bancadas. Nada de eso vemos en el extraordinario que empezó el lunes 23 de junio y terminará el 2 de julio.

La propuesta del extraordinario surgió después de que la presidenta Sheinbaum echó para atrás la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Censura, cuyo dictamen había sido avalado por la vía rápida en comisiones del Senado e iba a aprobarse en el pleno el mismo día en que la Presidenta la retiró. Ante las críticas generalizadas, el régimen decidió hacer una serie de consultas con las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión y con organizaciones de defensa de la libertad de expresión. Las consultas ya han terminado y el extraordinario comenzado, pero hasta el momento de escribir este artículo no se conoce todavía qué se modificó. Ayer en la mañanera la presidenta Sheinbaum anunció que enviaría 17 iniciativas de reforma al Congreso, una de las cuales es la de telecomunicaciones, aunque cuatro serían presentadas en el próximo período ordinario.

Más de una veintena de iniciativas se han listado para este extraordinario, pero las sesiones reflejan la desorganización y el mayoriteo habituales en el trabajo legislativo de la 4T. No se conocen la mayoría de los dictámenes y las iniciativas se están presentando y aprobando al vapor. Es un extraordinario que se parece mucho a los ordinarios de este régimen, esos en que las iniciativas se aprueban sin leer y sin analizar las consecuencias.

Por lo pronto, los diputados ya han avalado la ley que transfiere las tareas del Coneval al Inegi, una medida que busca evitar la evaluación fidedigna de las políticas sociales del gobierno. También han aprobado en lo general una propuesta que militariza definitivamente a la Guardia Nacional y que coloca a sus integrantes bajo el fuero militar, a pesar de que realicen labores de policía. También se permitirá a los militares ser candidatos a cargos de elección popular, con una “licencia especial”. Se contempla, además, crear un registro de usuarios de telefonía móvil al que la Guardia Nacional tendrá acceso, violando la privacidad de los usuarios. Otra iniciativa en la fila, cuyo dictamen ya se conoce, reduce la posibilidad de las personas de retirar dinero de sus Afores cuando estén desempleados, como si el dinero no fuera suyo.

Muchas otras iniciativas están listadas, pero es claro que los legisladores no tendrán tiempo para estudiar cada una a profundidad. La Presidenta está utilizando al Congreso como una simple oficialía de partes. A veces detiene la maquinaria levanta-dedos, porque entiende que alguna propuesta tiene problemas graves, como ocurrió con la de telecomunicaciones y radiodifusión; pero la mayoría de las veces mantiene la marcha para construir un Estado en el que todos los poderes estén concentrados en el Ejecutivo.

No, este período extraordinario no tiene nada de “extra”. Es una reiteración del proceso iniciado por López Obrador, en una serie de periodos ordinarios sin discusión y con aprobación en fast-track, para construir un régimen autoritario y sin contrapesos.

36 MIL MILLONES

El gobierno ha premiado a la CNTE por los bloqueos y actos de vandalismo con una reducción de la edad mínima de jubilación de los maestros de 60 a 55 años para los hombres y de 58 a 53 años para las mujeres. Dicen que esto “solo” costará 36 mil millones de pesos este sexenio, pero el precio se multiplicará después por el envejecimiento de la población. El resto de los mexicanos, que seguimos jubilándonos a los 65, pagaremos con impuestos crecientes.