Pensiones y deuda

Todos quieren vivir a expensas del Estado. Olvidan que el Estado quiere vivir a expensas de todos",

Frédéric Bastiat.

A quienes dicen que los chantajes de la CNTE no funcionan les sugiero revisar el decreto presidencial del 13 de junio que congela la edad de jubilación de maestros y burócratas que no están en el sistema de Afores y que la reduce a partir de 2028. Por lo pronto, esta edad se mantiene en 58 años para hombres y 56 para mujeres, pero bajará gradualmente a 55 y 53 a partir de 2034. El decreto lo justifica por razones de “solidaridad” y “justicia social”, pero sólo para un grupo de la sociedad, los maestros y los burócratas. El resto de los mexicanos, los que no tenemos el privilegio de vivir en el presupuesto, tendremos que seguir jubilándonos a los 65. Lo peor es que el Gobierno ni siquiera quiere dar a conocer el costo de la medida.

La reducción de la edad de jubilación ha sido desde hace años una de las banderas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta edad había venido subiendo gradualmente tras la reforma del Issste de 2007 con el objetivo de alcanzar los 60 años para hombres y 58 para mujeres en 2028. El resto de los mexicanos nos seguimos jubilando a los 65. La decisión de 2007 de aumentar la edad para los trabajadores del Issste se sustentó en proyecciones actuariales que señalaban el costo enorme para el Gobierno de mantenerla tan baja. Hoy, bajo la presión de la CNTE, el Gobierno se echa para atrás, pero cobrará el costo a los contribuyentes.

Los rubros del gasto público que más crecieron en el sexenio de López Obrador fueron los subsidios, transferencias y aportaciones, así como las pensiones y jubilaciones. Según México Evalúa, “de 2018 a 2024 el gasto total en pensiones llegó a 1.92 billones de pesos (5.7% del PIB), un incremento de 72% (804 mmdp)”. En ese periodo, los ingresos del sector público sólo aumentaron 8.5%, 586 mil millones de pesos.

Una de las razones por las que estamos viendo un gasto público cada vez menor y servicios más deficientes en salud y educación, pero también en otras tareas de responsabilidad del Gobierno, es porque el dinero disponible se está yendo cada vez más a dádivas y pensiones gubernamentales. Otra esponja que absorbe cada vez más dinero es el servicio de la deuda pública. El costo financiero de la deuda tuvo un aumento de 39% en el sexenio de López Obrador. A pesar de que el entonces Presidente prometió que no aumentaría la deuda en su sexenio, esta no sólo subió, sino que su costo se disparó por el aumento en las tasas de interés. En diciembre de 2018 la deuda neta del sector público era de 10.8 billones de pesos, pero para diciembre de 2024 alcanzaba ya 17.5 billones, un aumento de 62%. El costo financiero en 2018 fue de 425,700 millones de pesos para la deuda interna y 9,245 millones de dólares para la externa, pero para 2024 se disparó a 955,410 millones de pesos, la nacional, y a 13,242 millones de dólares, la foránea. Son aumentos de 124% para la deuda interna y de 43% para la externa.

Mientras el Gobierno sigue aumentado las dádivas y las pensiones, elevando la deuda pública y pagando cada vez más por su servicio, los ingresos avanzan a un paso mucho más modesto. Está usando dinero hoy para atender las exigencias de los grupos de extorsión, como la CNTE, y está emitiendo leyes para favorecerlos, pero sin atreverse a divulgar los estudios actuariales sobre su costo, quizá porque los estudios mostrarían que está llevando al País a la quiebra.

Plataformas

El Gobierno insistió en cobrar IMSS a los conductores y repartidores de plataformas digitales, pero ahora resulta que no les dejará deducir sus costos operativos, como gasolina, llantas y mantenimiento de los vehículos, sino una simple cuota definida por las propias autoridades. El resultado será un pago muy alto para un servicio de seguridad social que se deteriora cada vez más.

Sergio Sarmiento